El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que incluyó a Musso Torres, también conocida como ‘la Señora’, en su lista negra en virtud de la Ley de cabecillas extranjeros del narcotráfico (Kingpin Act), lo cual bloquea sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíbe cualquier transacción financiera con individuos y entidades estadounidenses.
Además de Musso Torres, fueron sancionados sus dos hijos —Washington Antúnez Musso y Juan Carlos Reales Britto— y su esposo, Luis Antonio Bermúdez Mejía, por asistirla en actividades de tráfico de drogas en puertos y enclaves marítimos en los departamentos de Magdalena, Atlántico y La Guajira, en el norte de Colombia.
La sanción contra esta narcotraficante colombiana se conoce un días después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, certificara a Colombia en la lucha contra las drogas, pero sin sacarlo de la lista negra de países que permiten el paso mantiene al país en lista negra y acusándolo de ser, junto con México, responsable de muchas de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Según el Tesoro, la organización que dirige ‘la Patrona’ controla corredores marítimos “estratégicamente ubicados” en el norte de Colombia, y cobra un impuesto por kilogramo a los narcotraficantes a cambio de protección para el pasaje por la zona de cargamentos de varias toneladas de narcóticos.
Las sanciones financieras vinculadas con los negocios de Musso Torres también alcanzan a dos firmas colombianas, la empresa de comercio agrícola Exclusive Import Export, y el campo de tiro y entrenamiento Polígono Santa Marta, ambos ubicados en Santa Marta.
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Las sanciones a ‘la Patrona’ y a miembros de su organización “sirven como un recordatorio de que la cocaína colombiana sigue representando una gran amenaza para Estados Unidos”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, Andrea Gacki, en un comunicado.
Colombia es el mayor proveedor mundial de cocaína, mientras Estados Unidos, que históricamente ha financiado la lucha antidrogas, es el mayor consumidor.
El Tesoro dijo que, desde junio de 2000, más de 2.200 personas y empresas han sido sancionadas bajo la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos.
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