Tanto en la Conferencia de Cambio Climático (COP27) que se llevó a cabo en Sharm el-Sheik (Egipto) en noviembre, como en la Conferencia sobre Biodiversidad (COP15), que terminó hace unos días en Montreal (Canadá), una de las discusiones en común que más tensiones generó fue la del financiamiento.

Este tema, que viene ganando fuerza desde hace algunos años, plantea la pregunta de quiénes deben pagar por las consecuencias del cambio climático o por las acciones para conservar la naturaleza y biodiversidad. Para muchos, esa responsabilidad recae sobre los países más ricos que, como han mostrado múltiples investigaciones, son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por ejemplo. Mientras tanto, países pobres o de renta media, son quienes más sufren los efectos de la crisis climática.

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En el marco de esas discusiones, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió 11.400 millones de dólares a los países en desarrollo para los programas de mitigación al cambio climático. Sin embargo, el proyecto de ley que fue aprobado el jueves pasado por el Senado, destina menos de 1.000 millones de dólares para este propósito.

El texto, que deberá esperar la aprobación de la Cámara de Representantes y la posterior firma de Biden, tan solo destina 715 millones de dólares anuales para esas transferencias. Del total, 270 millones son para programas de adaptación, principalmente en países de Asia e islas del Pacífico. Otro 260 millones, están destinados a inversiones en energías limpias en países de África. Los restantes 185 millones, estarán enfocados en programas de paisajes sostenibles.

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“Mil millones es realmente un insulto a los países en desarrollo. La mísera asignación de solo 1.000 millones de dólares para apoyar a los países en desarrollo es extremadamente decepcionante”, dijo Saleemul Huq, director del Centro Internacional para el Cambio Climático y el Desarrollo, citado por The Guardian.

Un portavoz de la Casa Blanca, que también fue citado por el medio británico, indicó que asegurar los más de 11.400 millones prometidos por el presidente estadounidense es “una prioridad absoluta para nosotros y fundamental para el éxito de la agenda climática del presidente Biden”, y que seguirán trabajando en 2024 para “hacer realidad la consecución de este objetivo”.

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