La ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “es una de las banderas del colectivo” y “un paso necesario”, afirmó en declaraciones a Efe Carolina Elías, presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac).

El convenio 189 de la OIT, aprobado en 1989 por esa organización, está enfocado en los derechos de los trabajadores domésticos.

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, defendió que el Ejecutivo ratifique ese convenio de la OIT durante su discurso de investidura del pasado lunes 22 ante el Congreso de los Diputados.

Elías consideró “fundamental” que ese convenio garantice a las trabajadoras domésticas los mismos derechos y prestaciones, que el resto de los trabajadores, en lo que corresponde a la Seguridad Social.

Actualmente hay 601.000 personas que se dedican a actividades del hogar en España, de las cuales 528.000 son mujeres, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). No hay una estimativa exacta de cuantas son latinas.

Una en cada tres de las trabajadoras domésticas en España no está registrada en la Seguridad Social y por eso sus derechos laborales están muy limitados, según un informe divulgado en 2018 por Oxfam Intermón y del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III (España).

Elías, una salvadoreña que llegó a España en 2009, explica que la OIT aprobó ese convenio marco para que los países que lo ratificaran aprobaran leyes de protección más específicas. Entre los países que ya ratificaron el convenio de OIT figuran Portugal, Bélgica, Alemania, Italia o Finlandia.

La asociación presidida por Elías trabaja por el empoderamiento de las trabajadoras del hogar desde hace once años y el pasado 12 de junio inauguró una sede, llamada Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar y Cuidados (Cethyc), en el barrio madrileño de Orcasur.

El espacio cuenta con un laboratorio de informática, dos salas con profesionales del derecho y psicología, y dos salones donde se realizan talleres, por ejemplo con sesiones de fotografía profesional para conseguir imágenes atractivas que puedan incluir en currículos o usar en redes sociales.

La segunda gran reivindicación del colectivo es la reformulación de la Ley de Extranjería española, que exige una estancia legal de tres años en este país antes de la obtención de residencia permanente.

“Esa ley condena a las trabajadoras del hogar extranjeras a que trabajen tres años en la economía sumergida. No pueden conseguir papeles antes de eso, y van a trabajar ¿de qué?”, cuestiona Elías. “El servicio doméstico acaba siendo la única opción que hay para esas mujeres, muchas de ellas latinas”, insiste.

Julissa Jáuregui, politóloga peruana especializada en migraciones y técnica de la Alianza por la Solidaridad, una ONG madrileña, cree que hay una mayor sensibilización social sobre las trabajadoras del hogar, pero rechaza el estereotipo “aún muy común” de que las mujeres latinas son vulnerables por definición.

Para Elena Vega, portavoz de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, la movilización de esas mujeres también es importante para protegerlas de la violencia machista.

Datos compilados por la Asociación Iberoamericana de Investigación y Especialización y la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe muestran que el 32 % de los feminicidios cometidos en España entre 2003 y 2017 fueron de extranjeras.

Proporcionalmente, los números muestran que los feminicidios afectan a las mujeres migrantes seis veces más que a las españolas.

Karla Girón Alvarado, de 34 años y originaria de Comaya (Honduras), trabaja como empleada doméstica desde hace 13 años en España, y cree que, más allá de las demandas laborales, es importante movilizarse por cuestiones personales.

“Estar con otras mujeres domésticas me hacen sentir como en familia. Somos latinas, necesitamos estos espacios. Y en lo psicológico me ayuda a superar los problemas de autoestima”, afirma.

Por las experiencias traumáticas que tuvo en Madrid, Alvarado menciona su trabajo anterior en el que era “vigilada por cámaras las 24 horas del día, los siete días de la semana” en una casa en la que que trabajaba a tiempo completo.

Un problema recurrente es la dureza de las separaciones familiares. La paraguaya Delia Servín, de 52 años, se duele de la falta de sus dos hijos. Llegó a Madrid en 2006 y pasó once años sin poder regresar a Asunción por falta de documentos para su retorno a España.

Servín trabajaba a tiempo completo con una familia tras sufrir dos órdenes de expulsión tras haber sido sorprendida por la policía sin documentación. Logró quedarse con ayuda de un abogado.

“Mis hijos no me perdonan. Regresé allí tres veces, pero me recibieron como si no existiera “, lamenta. “Por eso es importante que nos fortalezcamos como mujeres, latinas y domésticas. Necesitamos estar unidas y fuertes”.