Este hombre solía ser el más rico de Brasil, pero en la actualidad cumple una condena de 30 años de prisión por corruptelas, por uso ilegal de información privilegiada en bolsa.
De acuerdo con la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), el regulador que impuso la condena, Batista, de 60 años, usó información privilegiada para ganar en el mercado de acciones y manipular precios cuando era accionista controlador y presidente del consejo de administración de la compañía OGX Petróleo y Gas Participaçoes SA.
Por unanimidad, los miembros de la CMV, entidad vinculada al Ministerio de Economía y responsable de fiscalizar y regular el mercado de acciones en el país, determinaron que Batista pague por sus acciones.
Asimismo, establecieron para el exejecutivo un periodo de inhabilidad de 7 años para desempeñarse como administrador o consejero de cualquier compañía con capital abierto.
La condena de la entidad fiscalizadora respondió a un recurso presentado por la Superintendencia de Relaciones con Empresas (SEP) de la CVM, que apuntó que el empresario vendió a mediados de 2013 acciones de la compañía petrolera OGX por un valor total de 197,2 millones de reales (unos 49,3 millones de dólares) con base en informaciones privilegiadas.
Frente a la acusación, el exejecutivo negó haber vendido sus acciones para lucrar con base en informaciones privilegiadas y aseguró que la transacción se hizo para retirar obligaciones contractuales con inversionistas extranjeros.
Batista, que llegó a ser considerado el octavo hombre más rico del mundo, acumuló hasta 2010 una fortuna estimada entonces en unos 30.000 millones de dólares a través de negocios de minería, petróleo y materias primas que se extendieron por varios países de la región.
Hace unos años el imperio se vino abajo por la mala gestión y la crisis internacional del crudo y las materias primas.
Declarado prófugo en 2016 debido a que se refugió en el exterior cuando un juez ordenó su arresto, el empresario llegó a presentarse voluntariamente ante la Justicia para colaborar con las investigaciones sobre las corruptelas en la estatal Petrobras, destapadas por la operación Lava Jato.
En contraste, en Colombia el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) no pudo demostrar que los delitos de los empresarios Nule fueron causa directa de los sobrecostos de construir Transmilenio por la calle 26 y la carrera décima asumidos por el Distrito.
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