“Cuba jamás ha perpetrado ni perpetrará acciones de esta naturaleza, ni ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado por terceros con ese propósito”, dijo en la Asamblea General el canciller cubano Bruno Rodríguez.

El diplomático aseguró que su país “cumple con todo rigor y seriedad” sus obligaciones con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas “en lo referido a la protección de la seguridad de todos los diplomáticos, sin excepción”.

“Sería lamentable que se politice un asunto de la naturaleza descrita”, dijo Rodríguez.

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Los primeros incidentes se registraron en febrero y se tornaron públicos en agosto, cuando el Departamento de Estado afirmó que por lo menos 16 diplomáticos estadounidenses habían sufrido “algún tipo de síntoma” por exposición a extraños ruidos y vibraciones.

Más recientemente, el gobierno de Canadá informó que por lo menos uno de sus diplomáticos en La Habana también exhibió síntomas de los “ataques acústicos”.

Rodríguez dijo que las investigaciones en curso “hasta el momento no cuentan con evidencia alguna que confirme las causas ni el origen de las afectaciones a la salud que han sido reportadas por los diplomáticos estadounidenses y sus familias”.

Esas investigaciones, apuntó el diplomático, toman “en consideración datos aportados por las autoridades de Estados Unidos”, y agregó que para que los estudios lleguen a algún resultado “será esencial la cooperación” de las autoridades estadounidenses.

A fines de agosto, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, se limitó a comentar que “una investigación está en curso. Punto”.

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Aunque formalmente el gobierno estadounidense evitó hasta ahora acusar directamente al gobierno de Cuba por los extraños episodios, el caso empañó aún más una relación bilateral que se tornó extremadamente delicada desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Cuba y Estados Unidos restablecieron en 2014 sus relaciones diplomáticas, rotas durante medio siglo, pero los dos países aún negocian la “normalización” completa de esas relaciones.

Para Cuba, ello implica el desmonte del enmarañado legal en que se apoya el embargo económico, comercial y financiero adoptado por Washington hace cinco décadas

AFP