Hasta las 5 de la tarde hora local no se vieron grupos de manifestantes en las calles de La Habana, ni han circulado en la red vídeos de protestas importantes en otras ciudades del país, pese a que numerosos cubanos descontentos habían expresado su intención de salir en masa a reclamar sus derechos.

La Habana registra una intensa presencia policial, con agentes uniformados y camuflados de civiles en casi todas las intersecciones y parques, mientras activistas opositores denunciaron detenciones, arrestos domiciliarios y otras intimidaciones.

Manuel Cuesta Morua, de 58 años, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, “fue detenido por la Seguridad del Estado hoy a eso de la una de la tarde saliendo de la casa” en La Habana, dijo su esposa, Nairobi Scheri.

Detenido brevemente en septiembre, Cuesta Morua dijo entonces tras ser liberado que fue amenazado por llamar a la manifestación para este lunes.

La líder del movimiento disidente Damas de Blanco, Berta Soler, y su marido, el expreso político Ángel Moya, también fueron detenidos, según anunció en Twitter la disidente Martha Beatriz Roque.

Otro disidente, Guillermo Fariñas, está detenido desde el viernes. 

Muchos opositores, promotores de la manifestación y periodistas independientes denunciaron en los últimos días en redes sociales que fueron bloqueados en sus casas por agentes de la Seguridad del Estado.

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Varios de ellos dijeron que fueron víctimas de actos de repudio, manifestaciones de simpatizantes del gobierno usadas desde hace años para increpar a los disidentes. También denunciaron que les cortaron el Internet.

“Los reportes que recibimos de Cuba son desoladores. El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva. Muchos periodistas y críticos están sitiados en sus casas. Algunos han sido detenidos. La intención es clara: suprimir cualquier intento de protesta”, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Cuba vive su peor crisis económica en casi 30 años, con una grave escasez de alimentos y medicinas, así como un creciente descontento social y la confrontación esta en su más alto nivel entre defensores y críticos del gobierno.

Las autoridades acusan a los organizadores de la protesta de ser agentes entrenados y financiados por Estados Unidos para provocar un cambio de régimen. Por ese motivo prohibieron la manifestación y los amenazaron con sanciones penales.

Una advertencia disuasoria, luego de que sentencias de hasta 30 años de cárcel han sido solicitadas para algunos de los manifestantes presos por el 11 de julio, según medios de comunicación independientes cubanos.

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