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La prestigiosa ONG salvadoreña Cristosal, que investiga casos de corrupción y denuncia violaciones de derechos humanos, anunció este 17 de julio que se vio forzada a partir al exilio ante la “escalada represiva” del Gobierno de Nayib Bukele contra activistas humanitarios.
La ONG Cristosal, fuerte crítica de la política de seguridad de Nayib Bukele, denunció ser víctima de “acoso”, “espionaje” y “difamación” de lo que llamó una “dictadura” instalada en El Salvador. Como consecuencia, anunció este jueves que se vio forzada al exilio.
“Riesgos de persecución” y “aparato represivo sin límites”
“Ante los riesgos de persecución y frente a un aparato represivo que actúa sin límites, donde hay poca posibilidad de ejercer la defensa ante una institución imparcial o independiente, nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio”, dijo a RFI el director ejecutivo de la organización, Noah Bullock.
“Comenzamos a enfrentar una campaña sistemática de acoso legal, administrativo, espionaje, vigilancia en nuestras actividades y hogares. A esto se suma la Ley de Agentes Extranjeros, que no es un marco regulatorio legítimo, sino un instrumento de control sobre todas las actividades de la ciudadanía”, prosiguió.
Una ley que ordena a las ONG pagar un impuesto del 30% sobre los fondos que reciben y que, según él, “convierte los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y la participación ciudadana en un privilegio otorgado por el régimen, con la condición de que los ciudadanos se limiten a actividades que no les incomoden”.
“La dictadura se instaló”
Cristosal tomó esta decisión tras el arresto el 18 de mayo de la abogada Ruth López, jefa de su unidad anticorrupción y declarada “presa de conciencia” por Amnistía Internacional, quien fue acusada de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía, afín al Gobierno.
Cristosal, que contaba con una treintena de activistas en El Salvador, aseguró que ese país “ha dejado de ser un Estado de derecho”. “Cuando ejercer las libertades o simplemente disentir del poder conlleva consecuencias, estas ya son las señales claras de que la dictadura se instaló”, denunció Bullock en conferencia de prensa.
El activista agregó que la “criminalización y el exilio de defensores de derechos humanos” es una “violencia política” para “someter a la sociedad” salvadoreña a “un régimen de miedo”.
Unos 40 comunicadores salieron al exilio en los últimos meses, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Los más destacados son los del diario digital El Faro, que reveló un pacto entre Bukele y las pandillas antes de declararles la guerra en 2022. El presidente niega a rajatabla esa versión.
En los últimos meses también fueron detenidos en El Salvador otros críticos de Bukele, entre ellos el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el constitucionalista Enrique Anaya y el líder comunal José Ángel Pérez.
Régimen de excepción
Según una reciente encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), regentada por jesuitas en El Salvador, seis de cada 10 salvadoreños temen criticar al presidente o su Gobierno, pues puede acarrearles “consecuencias negativas”, como ser detenidos.
Bukele fue reelegido en febrero de 2024 gracias a la alta popularidad de su “guerra” contra las pandillas, que ha reducido a niveles sin precedentes la violencia criminal en el país. Pero esa ofensiva antipandillas se basa en un régimen de excepción, vigente desde 2022, que es criticado por grupos de derechos humanos como Cristosal pues elimina normas del debido proceso, permite detenciones sin orden judicial y restringe libertades ciudadanas.
La ONG, creada por obispos anglicanos hace 25 años, aseguró que seguirá trabajando desde sus oficinas en Guatemala y Honduras para resguardar la seguridad de su equipo. Entre otras misiones, Cristosal asiste a familiares de los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos en marzo y presos en la cárcel de máxima seguridad CECOT.
Y con la AFP
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