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La caída de las exportaciones de gas ha provocado una escasez de dólares en Bolivia generando dificultades para importar combustible y, sobre todo, una fuerte inflación. Economistas preconizan eliminar total o parcialmente el subsidio a los combustibles, lo que representa unos 3.000 millones de dólares al año, y reducir el tamaño del Estado, lo que es un reto enorme que muy probablemente tendrá que asumir el próximo gobierno. Un informe de nuestro corresponsal en Bolivia, Nils Sabin.
En La Paz, el ambiente es sombrío en los mercados municipales. Vendedores y compradores sufren el alza de los precios. “Con algunos productos, como el aceite, tenemos que subir el precio casi todos los días. Un boliviano por aquí, otro por allá”, se lamenta Magali, vendedora en el mercado Sopocachi, en el centro de la capital administrativa. Y añade: “Los clientes ya no vienen como antes, y compran menos cantidad, porque su bolsillo ya no da más”.
En mayo de 2025, la inflación en Bolivia alcanzó el 3,65 %. Se trata del aumento mensual más alto de los últimos 40 años en el país. Desde enero, el índice de precios al consumidor ha subido un 9,81 % según el Instituto Nacional de Estadística, pero para Silvia, vendedora de verduras frente a una montaña de papas, tomates y cebollas, algunos productos simplemente han duplicado su precio. “Es el caso del brócoli o las arvejas, y aun así, los vendo con un margen mínimo”, asegura. La inflación no es más que uno de los síntomas de la crisis económica. Otro son las repetidas escaseces de combustible que obligan a la población de muchas ciudades a hacer largas filas en las estaciones de servicio para abastecerse.
El fin de las exportaciones de gas
Ambos fenómenos se explican por la falta de dólares en Bolivia. “YPFB, la empresa estatal petrolera, ha reconocido que ya no tiene la liquidez necesaria —es decir, los dólares— para importar suficiente combustible”, explica el economista Luis Fernando Romero. “De igual forma, todas las importaciones cuestan más porque ya no hay suficientes dólares, y eso explica el alza de precios”. En Bolivia, es el Banco Central quien fija el tipo de cambio boliviano-dólar. Desde 2011, es una tasa fija de 6,96 bolivianos por dólar. Sin embargo, en el mercado paralelo, el dólar se cotiza actualmente entre 15 y 16 bolivianos. En otras palabras, los bolivianos están dispuestos a pagar mucho más para conseguir dólares e importar productos del exterior. “Eso disparó los costos para los importadores, que trasladaron el impacto a los precios de venta”, señala Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia.
¿Cómo llegó Bolivia a esta situación cuando, hasta hace pocos años, su estabilidad económica era aclamada? El llamado “milagro económico boliviano” fue presentado y reconocido como un ejemplo de gestión por parte de un gobierno de izquierda, con uno de los mayores índices de crecimiento del continente, una inflación particularmente baja y un nivel de pobreza que pasó del 60 % de la población en 2006 al 40 % en 2016. “En 2006, Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) llegan al poder y nacionalizan los recursos hidrocarburíferos del país. Esa renta será la clave de su política económica”, recuerda Luis Fernando Romero.
El Estado boliviano empieza entonces a redistribuir enormes recursos a través de bonos económicos, subsidios (especialmente al combustible), comprando parte de la producción agrícola a precios altos y vendiéndola a precios bajos. Se construyen carreteras, hospitales, escuelas, y se abren fábricas de azúcar, aceite o fertilizantes, financiadas por el Estado. Pero la prospección y exploración gasífera fueron “descuidadas”, en palabras del actual presidente Luis Arce, también del MAS y ministro de Economía de Evo Morales entre 2006 y 2017, y luego en 2019. Como resultado, las exportaciones de gas comenzaron a disminuir gradualmente.
Una crisis que puede durar varios años
“Desde 2018, advertimos —como Colegio de Economistas de Bolivia— sobre los riesgos económicos relacionados con la reducción de reservas de gas, y que sin esos ingresos, el modelo económico del MAS ya no era sostenible”, sostiene Jorge Akamine. “Pero no hubo ninguna reducción del gasto público”. Para seguir financiando el modelo redistributivo, el Estado recurrió a las reservas internacionales del Banco Central. En 2014, estas reservas eran de casi 15.000 millones de dólares. En febrero de 2023, habían caído a menos de 1.600 millones, lo que empujó a la población a buscar desesperadamente la moneda estadounidense. Desde entonces, el Banco Central ha logrado recuperar ligeramente sus reservas, en parte comprando oro a las cooperativas mineras bolivianas, pero la escasez de dólares persiste.
La población ha salido en múltiples ocasiones a las calles para exigir soluciones al gobierno o pedir la renuncia del presidente Luis Arce, como ocurrió a comienzos de junio. “El gobierno solo toma medidas paliativas, principalmente con el objetivo de llegar sin mayores sobresaltos a las elecciones generales [presidenciales, legislativas y senatoriales]”, analiza Fernando Romero. “Pero será el próximo gobierno quien tendrá que afrontar la crisis”. Una tarea que, según Jorge Akamine, tomará varios años y pasará probablemente por medidas impopulares: “habrá que eliminar total o parcialmente el subsidio a los combustibles, que le cuesta al Estado más de 3.000 millones de dólares al año, y reducir el tamaño del Estado, algo que no se logra de la noche a la mañana”.
Para ambos economistas, la cuestión de la gobernabilidad es clave en la resolución de la crisis. “Desde el año pasado, unos 1.600 millones de dólares en créditos están bloqueados en el Parlamento por falta de mayoría”, indica Luis Fernando Romero. “Si esta situación se repite tras las elecciones, al nuevo gobierno le será muy difícil reformar el modelo económico y resolver la crisis”. A eso podrían sumarse manifestaciones y bloqueos de carreteras si se aplican medidas de austeridad. La tarea del próximo gobierno se perfila, por tanto, como una de las más difíciles.
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