La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, condenó el pasado primero de junio a Herbert Fletcher, un ciudadano estadounidense de 42 años, casado, con hijos y que trabajaba en la empresa de su familia en Filadelfia, pero quien tenía una doble vida cuando viajaba a Medellín por largos periodos y se convertía en un depredador y explotador infantil.

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Fletcher posó durante varios años con impunidad como un exitoso empresario con su oficina en El Poblado y con supuestos intereses en el sector de la construcción. Fue así hasta junio de 2019 cuando las autoridades empezaron a investigar a Víctor Galarza, un hombre cuya fama en Medellín ya era notoria, como un excéntrico adinerado con negocios oscuros. El negocio de Galarza era la explotación de menores de edad en la capital antioqueña a quienes grababa sin consentimiento y luego vendía el material a plataformas.

Fletcher era el socio de Galarza en la explotación de decenas de menores de edad y pornografía infantil en la capital antioqueña, negocio que disfrazaron bajo una fachada de exitosos empresarios, anfitriones de lujosas fiestas con todo tipo de excesos.

Galarza fue capturado en Nueva York en octubre de 2019. Como parte de un enorme operativo trasnacional, otras seis personas, incluyendo Fletcher, fueron capturadas en Medellín, señaladas de pertenecer a un gigante entramado de delitos, que enfrenta en un tribunal de California un proceso por beneficiarse económicamente de la comercialización de videos que contienen agresiones y explotación, una demanda que cuenta con el soporte de los testimonios de más de 100 mujeres en diferentes países víctimas de estos delitos; un caso que explotó en 2020 por una investigación del New York Times.

La justicia colombiana, sin embargo, dejó en libertad a Fletcher, esa fue la decisión del juez 12 del Circuito de Medellín. Sin embargo, el 5 de abril de 2021 cayó a manos de las autoridades norteamericanas.

En los expedientes que publicó El Espectador sobre el caso constan evidencias de “catálogos” de adolescentes y niñas que ofrecía esta red criminal a turistas extranjeros, pero también a colombianos adinerados. Los “negocios” que los criminales cerraban para usar a sus víctimas y se hacían en sitios como el Parque Lleras. La Fiscalía tiene evidencias y testimonios de 28 víctimas de esta red en Medellín.

El Espectador recogió relatos en 2021 de menores de edad abusadas y grabadas para vender el contenido a estas plataformas. Incluso relata el caso de una de las víctimas, quien a pesar de lograr tras una agotadora batalla jurídica que bajaran el video de las plataformas, se enteró ese año de que el material seguía circulando en un grupo de Telegram con 189.000 miembros, a pesar de que el video en el que la abusaron y la grabaron ocurrió siete años atrás.

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Galarza fue condenado finalmente en junio de 2022 por los delitos de explotación a 17 años de cárcel. En cuanto a Herbert Fletcher, fue condenado a siete años de prisión.

Es la segunda condena en menos de un mes de la justicia estadounidense contra un ciudadano de dicho país por delitos cometidos en Medellín. A mediados de mayo fue condenado Michael Wayne Roberts, de 41 años, un profesor acusado de conductas ilícitas en lugares extranjeros, y sentenciado por el juez del distrito Oeste de Texas a siete años de prisión y otros diez años de libertad condicional.

Estas condenas de la justicia estadounidense no hacen más que confirmar la realidad que los mandatarios en Medellín han eludido y que particularmente la actual administración de Daniel Quintero ha querido resolver con paños de agua tibia.

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