El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En vísperas de la decisión de la Casa Blanca sobre la certificación de Colombia en la lucha antidrogas, el escenario diplomático entre ambos países se muestra especialmente delicado. Esta certificación, cuya evaluación lidera el embajador Daniel García-Peña junto a funcionarios colombianos y estadounidenses, es determinante para la continuidad de las ayudas y la cooperación bilateral en inteligencia, apoyo militar y fondos contra el narcotráfico. Según datos oficiales citados por El Espectador y recogidos del Departamento de Estado de Estados Unidos, cerca del 90% de la cocaína que llega al mercado estadounidense proviene de Colombia, lo que convierte a este país en un eje fundamental para ambos gobiernos.
García-Peña destacó, en declaraciones para El Espectador, que bajo el mandato de Gustavo Petro, Colombia ha marcado cifras históricas en la incautación de pasta base y cocaína refinada. Esto, afirma, respalda el cumplimiento colombiano de sus compromisos en la lucha antidrogas y reitera su papel como el que más aporta a este esfuerzo mundialmente. La relevancia de mantener la certificación va más allá de la mera colaboración: define flujos de recursos que incentivan la inteligencia compartida y el despliegue de fuerzas para impedir el tráfico de drogas, con repercusiones directas en la seguridad y la salud pública de ambos países.
La importancia de la cooperación bilateral también fue reforzada por la reciente visita a Colombia de los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego, quienes, tras reunirse con el presidente Petro, anotaron que el combate al narcotráfico debe entenderse como un esfuerzo conjunto y de corresponsabilidad. Resaltaron además la presencia activa de la Armada estadounidense en el Caribe, una ruta clave para el tráfico de estupefacientes, lo cual evidencia que la responsabilidad es mutua e insoslayable, respaldada tanto en reportes del Congreso de Estados Unidos como en informaciones oficiales.
Desde el Gobierno colombiano, el ministro del Interior, Armando Benedetti, alertó que una descertificación haría peligrar la cooperación lograda y fortalecería a las mafias, afectando la alianza estratégica en la región. Esta advertencia coincide con las voces de otros altos funcionarios, quienes argumentan que una medida de ese tipo sería más política que técnica, incrementando la incertidumbre tanto en la diplomacia como en la lucha directa contra el narcotráfico.
Actualmente, tres escenarios están sobre la mesa: certificación plena, una eventual descertificación pero con exenciones para evitar sanciones y una descertificación total con preludio a la reducción de ayuda, según explicó García-Peña. Cada una afecta tanto la soberanía colombiana como las prioridades de seguridad nacional estadounidenses, fragmentando el equilibrio entre cooperación y autonomía, un tema analizado con regularidad en estudios de política internacional. Los antecedentes, como la descertificación de Colombia en varias ocasiones durante la administración Trump y la mayor flexibilidad en gobiernos demócratas, refuerzan la incertidumbre de la coyuntura actual.
Aunado a los factores geopolíticos y de seguridad, este debate incluye impactos económicos, sociales y ambientales. Las políticas de fumigación y erradicación afectan a comunidades rurales y al entorno natural, cuestión subrayada tanto por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es en este contexto que el gobierno Petro ha señalado la necesidad de integrar el respeto a los derechos humanos y programas alternativos de desarrollo como parte de su enfoque central, lo que representa un reto adicional para Estados Unidos y su estrategia histórica predominantemente militar y fiscalista en la cooperación antidrogas con Colombia.
¿Qué significa exactamente el proceso de certificación antidrogas de Estados Unidos para un país como Colombia?
La pregunta resulta clave para entender la coyuntura actual, pues la certificación antidrogas es una evaluación anual que realiza el gobierno estadounidense para calificar el desempeño de los países que participan activamente en la lucha contra el narcotráfico. Para Colombia, alcanzar la certificación plena implica mantener abierta la cooperación, el acceso a recursos financieros y el respaldo político de Washington. Una descertificación podría traducirse en sanciones y restricciones, afectando tanto el flujo de apoyo externo como la imagen internacional del país ante la comunidad internacional.
Esta certificación toma en cuenta factores como la cantidad de incautaciones de droga, la efectividad de los programas de erradicación y el cumplimiento de acuerdos internacionales. Por ello, las autoridades colombianas insisten en la importancia del reconocimiento y la corresponsabilidad, mientras organismos multilaterales relevan la necesidad de considerar también los impactos sociales y ambientales de las políticas adoptadas. El proceso refleja así una tensión constante entre requerimientos externos y realidades internas complejas.
¿Por qué se habla de corresponsabilidad entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra las drogas?
El término “corresponsabilidad” adquiere relevancia en el discurso actual porque reconoce que el problema del narcotráfico no es exclusivo de una sola nación. El consumo de drogas en Estados Unidos y la producción en países como Colombia han originado redes complejas de crimen trasnacional, flujos financieros ilícitos y desafíos para la seguridad y salud pública en ambos países. Por ello, las delegaciones oficiales destacan la necesidad de esfuerzos conjuntos y compartidos más allá de la simple transferencia de recursos.
La corresponsabilidad busca que la cooperación se traduzca en acciones bilaterales equilibradas y que los dos gobiernos asuman compromisos claros tanto en reducción del consumo como en control de la oferta. Senadores estadounidenses y funcionarios colombianos así lo expusieron en sus recientes reuniones, señalando la urgencia de políticas integrales y el fortalecimiento de herramientas de inteligencia, presencia en rutas de trasiego y alternativas sociales, no solo como imperativos éticos sino como condición básica para la sostenibilidad de la lucha antidrogas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
