“Este es otro ataque cruel contra los niños, a quien el gobierno de Trump ha atacado una y otra vez con sus políticas contra los inmigrantes”, denunció la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
“El Acuerdo de Flores, que data de hace décadas, está desfasado y no tiene en cuenta el cambio masivo de la inmigración hacia familias y menores de América Central”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
La nueva política, que se implementaría en 60 días, ya no limitará el tiempo que un niño o que su familia pueden permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias como lo hace el mencionado acuerdo, que data de 1997.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) dijo que esta regla va a permitir cambios significativos, tanto de estatutos como operacionales.
“Este año hemos visto un flujo sin precedentes de unidades familiares, la mayoría de América Central, que llegan a nuestra frontera sur”, dijo Kevin McAleenan, el secretario interino del departamento.
La Casa Blanca indicó que el presidente Trump está tomando acciones para asegurar que las familias extranjeras puedan estar juntas durante su proceso migratorio.
Varias organizaciones de derechos humanos advirtieron que van a acudir a los tribunales para evitar la derogación del Acuerdo de Flores.
La ACLU dijo además que “el gobierno no debería estar encarcelando niños y que ciertamente no debería estar buscando la forma de poner a los niños en prisión por más tiempo”.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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