La decisión del órgano de control afecta principalmente al gerente del Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena, donde Rafa Pérez y su esposa —Milagros Villamil— recibieron la primera dosis de Pfizer contra la COVID-19.

La Procuraduría ordenó recolectar pruebas para verificar “la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado”, informó en un comunicado.

La explicación del cantante vallenato —de 36 años— fue que él y su esposa estaban priorizados en el plan de vacunación del Gobierno porque pertenecían al talento humano en salud gracias a que la Clínica Oriental de Soledad, Atlántico, los contrató para una inauguración.

“Yo les dije que me interesaba la propuesta, pero que me inquietaba algo y era que a nosotros no nos ha dado COVID-19, a lo que ellos nos manifestaron que como iba a haber un contrato de prestación de servicios de nuestra parte, ellos gestionarían nuestra vacunación para realizar con tranquilidad todas estas actividades”, aseguró Rafa Pérez en El Heraldo.

Lo mismo dijo la clínica, a través de un comunicado, en el que detalló que el cantante y su esposa tenían un contrato por prestación de servicios para hacer labores de publicidad dentro de la infraestructura, aunque aclararon que ellos fueron contratados como personal logístico y no de salud.

Aunque Rafa Pérez asegura que no cometió ningún delito, el presidente Iván Duque advirtió que priorizar personas en el plan de vacunación sería una falta por la que se podría pagar cárcel y multas.