La idea que tiene la petición es que abarque todo el periodo electoral de cara a las elecciones legislativas y presidenciales que se celebrarán en el país en menos de ocho meses.

En el documento, el movimiento también “insta al Gobierno nacional a respetar estos gestos y adoptar acciones encaminadas a la paz total”.

La violencia electoral en Colombia ha dejado al menos 36 víctimas, lo que significa que desde el 13 de marzo, cuando comenzó el calendario electoral, hubo un episodio violento cada cuatro días, según reveló la semana pasada la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

La mayoría de hechos violentos recogidos en ese informe, que incluyen desde a amenazas a homicidios, se produjeron en junio, que coincidió con el segundo mes de protestas en el marco del paro nacional, y más de la mitad se concentraron en los departamentos de Antioquia, Magdalena y Valle del Cauca, así como en Bogotá.

Por esa razón, el llamado de Defendamos la Paz a los grupos armados es a que anuncien un cese al fuego y de hostilidades “que tenga los más amplios alcances, que salve vidas, ahorre sufrimientos y recursos en los territorios donde hacen presencia, y que permita a la ciudadanía participar libre y democráticamente en las elecciones que se avecinan“.

“Hoy nos enfrentamos a un verdadero retroceso en materia de seguridad electoral”, lamentó el movimiento en un texto firmado por representantes de los equipos negociadores del Acuerdo de Paz, dirigentes políticos y líderes sociales.

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El movimiento explicó que el “recrudecimiento de las hostilidades”, los conflictos por el control del territorio y el incumplimiento a muchos de los puntos del Acuerdo de Paz “han incidido en el aumento de la violencia política”.

Además, recordó que según la Misión de Observación Electoral (MOE), durante el primer semestre de 2021 se registró un total de 247 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en todo el país.

“El cese unilateral al fuego y de hostilidades debe ir acompañado de un cese inmediato de los confinamientos, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y limitaciones al acceso de bienes y servicios de la población civil, así como de cualquier infracción al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos“, pidió.

En ese sentido, el movimiento exigió el respeto por la participación política de las comunidades y víctimas del conflicto armado, y pidió al Gobierno colombiano y a la fuerza pública acciones encaminadas al diálogo.

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