La tardía entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica, provocaría que “el costo hoy de megavatio hora/mes pasaría de 14.9 dólares a más de 30 dólares megavatio por hora/mes”, señaló Córdoba.

“Y en consecuencia, se podría generar un mayor costo en el valor de la energía y probablemente mayores tarifas que serían para nuestra gente en todo el país”, agregó.

El funcionario puntualizó en que es un tema técnico que merece todo tipo de estudios y que ya hay auditores e investigadores de la Contraloría General encargados de encontrar a los responsables de la crisis del proyecto, que deberán pagar por sus actos, pero que aun así el proyecto debe seguir. Y agregó: “Si hay daño patrimonial, vamos a recuperar lo que se haya perdido”.

“Actuamos sin prevenciones ni prejuicios porque entendemos que la causa fortuita, la fuerza mayor son siempre riesgos presentes en los proyectos colosales de la infraestructura. Pero lo que sí no estamos dispuestos a entender ni a tolerar son aquellos manejos que revelen negligencias, sobrecostos e imprevisión”, agregó.

Córdoba también señaló que se mantiene la lupa sobre las fuentes de financiación del proyecto y la destinación e inversión de los recursos públicos del Estado. La entidad también estimará los costos adicionales que puedan generarse por otras situaciones adversas que hayan surgido durante la planeación y desarrollo del proyecto.

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Entre tanto, en esa misma audiencia, el procurador Carrillo anunció acciones, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra los constructores y en defensa de los derechos de las comunidades afectadas por HidroItuango:

 “Vamos a presentar mañana una acción popular con los gobernadores de Antioquia, Sucre, Córdoba, y Bolívar que busca implementar por la vía judicial acciones de prevención en temas de protección de derechos de los afectados por toda esta crisis ambiental que se ha presentado”. 

En el desarrollo de la audiencia pública en la que participaron representantes de las comunidades de Puerto Valdivia, Cáceres, Ituango, Caucasia, Tarazá, líderes del Movimiento Ríos Vivos y de la Mesa de Defensa del Agua, la Vida, entre otros, mandatarios territoriales, directivos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) académicos y expertos, Carrillo Flórez hizo un llamado para que los Puesto de Mando Unificados (PMU) se fortalezcan con la participación de las comunidades.

Esta es la rueda de prensa de los dos jefes de los entes de control en la que explican las conclusiones de la audiencia a Hidroituango: