Los hechos por los que el Ministerio Público adoptó esta decisión están relacionados con la emergencia ambiental y social ocurrida el pasado 2 de marzo, por la emanación de crudo en el campo Lisama Profundo-Pozo 158, ubicado en el corregimiento La Fortuna, de Barrancabermeja, precisó el organismo de control en un comunicado.
La medida también afecta al antecesor de Bayón Pardo en la presidencia de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry Garzón. A ambos se les investiga “por presunto incumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y funcionales relacionados con la normatividad, política y programas de abandono técnico de pozos en los campos que hacen parte de los convenios con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para la explotación de hidrocarburos en Lisama-Nutría y Magdalena Medio”, agrega el despacho oficial.
Así mismo, como medida cautelar, la Procuraduría ordenó la suspensión por tres meses de los vicepresidentes de Ecopetrol Héctor Manosalva Rojas, de Desarrollo y Producción; Ricardo Ernesto Coral Lucero, de la Regional Central, y el Gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción de Mares, Óscar Ferney Rincón Silva, que no habrían dado desarrollo a las políticas que se deben poner en marcha cuando se abandona técnicamente un pozo.
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La investigación disciplinaria cobija al antecesor Velandia Sepúlveda en la presidencia de la ANH, Mauricio de la Mora, y a otros seis directivos de esa entidad, por una posible omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ecológica, ambiental y social causada por la emanación del crudo, agrega el comunicado.
Los funcionarios de la ANH cobijados con la decisión son Jorge Alirio Ortiz y Arnoldo Morales Delgado, que ocuparon en distintas fechas la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones; y Nicolás Zapata Tobón, Alexandra Lozano, María Carolina Durán Chacón y Ómar Mejía Tette, en calidad de vicepresidentes de Contratos de Hidrocarburos.
La Procuraduría avanza, simultáneamente, en las indagaciones contra servidores por establecer de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), por presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ambiental presentada el pasado 2 de marzo en Barrancabermeja, termina el comunicado.
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