Escrito por:  Redacción Economía
Oct 16, 2026 - 12:00 pm

Presto, la reconocida cadena colombiana de hamburguesas, enfrenta una salida judicial que pone en riesgo la continuidad de sus restaurantes, pero todavía tiene una alternativa para evitar el cierre de sus establecimientos: encontrar un comprador interesado en adquirir la empresa. Según conoció Caracol Radio, la compañía entró en proceso de liquidación judicial después de incumplir los compromisos que había asumido para pagar sus deudas.

La posibilidad de vender el negocio está en manos de Mónica Macías, liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades, quien busca un comprador que permita mantener en funcionamiento los restaurantes. Esta alternativa resulta clave para la continuidad de la marca, pues la liquidación no significa necesariamente que todos sus establecimientos deban cerrar si se concreta una operación que permita darle continuidad al negocio.

La situación se produjo después de que Presto no lograra cumplir las obligaciones pactadas en su acuerdo de reorganización empresarial. La compañía había ingresado a ese proceso el 13 de julio de 2023 y la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo el 30 de abril de 2026, con el propósito de facilitar el pago de sus deudas y permitir que siguiera operando.

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Sin embargo, el panorama financiero se deterioró. El 30 de septiembre de 2026, la apoderada de la empresa solicitó la apertura de la liquidación judicial, luego de un estudio que evaluó su capacidad para continuar como negocio en marcha. Entre los problemas identificados estuvieron la disminución del flujo de caja y los retrasos en el pago de gastos de administración, factores que dificultaron la continuidad de la operación.

La Superintendencia de Sociedades explicó que la decisión de avanzar hacia la liquidación respondió a las dificultades para mantener la empresa en funcionamiento y al incumplimiento de obligaciones posteriores al acuerdo de reorganización. Además, ordenó el embargo y secuestro de los bienes, haberes y derechos de propiedad de la compañía que puedan ser objeto de esas medidas, dentro del proceso judicial.

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