La polémica por la denuncia de RTVC por una unidad móvil adquirida en el Gobierno Petro llegó a la Fiscalía, luego de señalamientos por sobrecostos y fallas que impiden que opere.
Lo cierto es que el caso tiene un capítulo especial por la empresa que está en el contrato de prestación de servicios, documento al que Pulzo tuvo acceso para conocer que se trata de la Unión Temporal Móvil RTVC.
La controversia es porque el valor invertido fue de $ 11.924 millones, con cerca de $ 9.000 millones correspondientes a equipos audiovisuales, que RTVC indicó que tendrían un valor aproximado de $ 7.000 millones según estudios de mercado y cotizaciones realizadas por técnicos e ingenieros suyos.
Además de la alerta por un posible sobrecosto superior a $ 2.000 millones, el dolor de cabeza adicional está en que la unidad se recibió sin el sistema que suministra energía y que permite su funcionamiento, lo que advierten que contradice el propósito mismo del contrato y mantiene inmovilizada una inversión pública multimillonaria.
Por eso, la revelación sobre la empresa Unión Temporal Móvil RTVC se convierte en un factor clave, mucho más luego de que El Tiempo expuso datos sobre esa compañía que se encargó de la unidad móvil de RTVC que aún no opera.
Así se divulgó que la representación legal del consorcio recae sobre Carlos Arbey Cuadros Morales, quien lidera la gestión administrativa de la estructura comercial.
La Unión Temporal agrupa a la firma Compañía Comercial Curacao de Colombia S.A, poseedora del 60 por ciento del capital, junto a SEEL S.A, dueña del 40 por ciento complementario.
Documentos de asambleas revelan que los propietarios de Compañía Comercial Curacao de Colombia corresponden a Carlos Arbey Cuadros Morales con el 94,8 por ciento, Jeanette Sánchez Rey ostentando el 5,1 por ciento, completando el porcentaje restante Pierre Dominique Hendrix e María Isabel Cárdenas Bautista.
La sociedad mercantil, que reportó activos durante 2026 por 25.737 millones de pesos, suscribió convenios con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento de Prosperidad Social, la Fiscalía, el Dapre y el comando General de las Fuerzas Militares.
Paralelamente, los registros de propiedad de SEEL S.A. vigentes desde 2018 identifican como socios a Carlos Fernández Zafra, Gladys Valencia de Fernández, Ernesto Fernández Zafra, Diana Carolina Fernández y Carlos Iván Fernández Valencia, participando cada uno con el 20 por ciento del paquete accionario.
“El Tiempo llamó a Carlos Arbey Cuadros Morales, para preguntarle por la denuncia de RTVC y aseguró que ellos presentaron una propuesta basada en un listado de equipamiento, generado por la misma entidad que no incluía una planta eléctrica externa”, indicó el reporte del mencionado medio.
Cabe remarcar que Pulzo revisó el contrato en cuestión y en este se indica que entre las obligaciones técnicas está “suministrar los equipos audiovisuales, eléctricos y tecnológicos para el funcionamiento de la unidad móvil, conforme al listado aprobado”.
De igual manera, en el documento también se advierte que hay responsabilidad de “ejecutar pruebas integrales de operación en condiciones reales, certificando el funcionamiento completo del sistema”.
Otro de los detalles que no pasa desapercibido es que el plazo de ejecución es te 4 meses y 15 días, siendo que la transacción se llevó a cabo en diciembre de 2025 sin que la unidad móvil opere.
El caso de la unidad móvil de RTVC que no funciona desde el Gobierno Petro y que la actual administración puso sobre la mesa queda ahora en la evaluación de las autoridades para determinar si hubo un detrimento patrimonial.
Lo claro es que estos datos que salen a flote sobre la empresa en cuestión y el movimiento contractual apenas empiezan y son parte de una controversia que queda en la mira de la opinión pública.
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