Defensores de derechos humanos pidieron a la Comisión Séptima de la Cámara, donde se tramita la norma, no incluir a representantes de la industria en una comisión que establecería las características de las etiquetas que deben llevar esos productos para advertirles a los consumidores sobre los riesgos para la salud.
El cuestionamiento lo hicieron Soraya Gutiérrez Argüello y Alirio Uribe Muñoz, representantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que lleva cuatro décadas en la defensa de los derechos humanos en el país. Piden que en el debate legislativo no se favorezca a la industria por encima de la salud pública y que no se presenten obstáculos por conflicto de intereses.
El proyecto de ley 214 de 2018, que se debatirá este miércoles en la Comisión Séptima de la Cámara, se forjó como medida para ayudar a controlar la obesidad de los colombianos, que se ha incrementado de manera preocupante entre niños y adultos y que se ha convertido en bandera de diferentes organizaciones que han alertado sobre las serias consecuencias contra la salud. Incluso, países como Perú y Chile son ejemplo de las políticas públicas para prevenir el impacto a través de medidas que advierten y restringen la promoción del consumo de estos productos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre los riesgos que tiene para la población la alimentación de poca calidad tipificada en alto consumo de bebidas azucaradas. Por ejemplo, los niños obesos o con sobrepeso tienen más riesgo de morir prematuramente o sufrir problemas respiratorios y enfermedades como hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Sin contar las secuelas cuando lleguen a la edad adulta.
Los voceros del Colectivo recordaron en el mensaje a la Comisión Séptima de la Cámara que el representante Jairo Humberto Cristo fue quien propuso darle cabida a la industria en la comisión en la que “participen organizaciones de la sociedad civil junto a la industria de comestibles y bebidas azucaradas”.
“No compartimos la propuesta que hace el representante Cristo”, advierten. “En este debate la industria de alimentos no tiene el mismo lugar que las organizaciones defensoras de derechos humanos, las organizaciones de padres o las sociedades de pediatras y nutricionistas”, indican. Sustancialmente señalan que “los empresarios tienen un claro conflicto de interés que puede interferir con la adopción de medidas necesarias para salvar vidas y prevenir enfermedades”.
Incluso, mencionan que la comisión es innecesaria, ya que “es deber del Congreso legislar para defender los derechos a la alimentación, la salud y la información, en especial en lo relativo a niños y niñas, cuyos derechos son prevalentes”.
Los representantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo hacen notar que debe aprobarse el texto del proyecto original para que efectivamente cumpla con el objetivo central de velar por la salud de los colombianos.
De acuerdo con la más reciente encuesta sobre la situación nutricional en Colombia, de 2015, el 56,4% de los colombianos tenía sobrepeso, 5,2 puntos más que en el 2010. De ese grupo, el 18,7% estaba en condición de obesidad.
Tanto el representante Cristo como otros políticos han advertido que el proyecto afectaría el empleo de los trabajadores de la industria de comestibles y bebidas azucaradas. Sobre ese particular, Soraya Gutiérrez y Alirio Uribe aclararon que eso no es cierto y dan como ejemplo lo ocurrido en Chile y Perú con medidas similares. “no han afectado los empleos y sí han marcado caminos para reducir los índices de obesidad y de enfermedades no transmisibles”.
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