A pesar de la mejora en las cifras de empleo en Colombia, el reto de la informalidad laboral sigue amenazando el futuro de millones de trabajadores. Según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo a noviembre de 2024 se ubicó en 8,2 %, una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado.
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Esta disminución en la cantidad de personas sin trabajo se vio acompañada por un crecimiento del 1,8 % en la población ocupada, con un repunte importante en las cabeceras municipales (3,3 %).
El informe destaca sectores como administración pública, educación y salud, que lideraron la creación de empleo, aportando 0,8 puntos porcentuales al aumento general. Sin embargo, no todo es positivo: la construcción y las actividades financieras y de seguros registraron caídas de 146.000 y 68.000 empleos, respectivamente.
A pesar del avance en la creación de empleo, el problema de la informalidad sigue siendo crítico. Según el Dane, el 55,2 % de los ocupados en Colombia trabajan en condiciones informales, una cifra que se mantuvo estable a nivel nacional, aunque con un ligero aumento en las principales ciudades (0,4 puntos porcentuales). En total, 12,6 millones de colombianos se ganan la vida en la informalidad.
Este panorama ocasiona serias preocupaciones, ya que millones de trabajadores podrían enfrentarse a un futuro sin acceso a una pensión.
En Colombia, la edad de jubilación es de 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres, con un requisito mínimo de 1.300 semanas cotizadas al sistema de seguridad social (cerca de 26 años). La informalidad, al no garantizar la afiliación al sistema, dificulta que los trabajadores logren este objetivo.
Problema para trabajadores informales en Colombia
La elevada tasa de informalidad refleja un problema en el mercado laboral colombiano, donde la falta de acceso a contratos formales perpetúa la precariedad y limita las oportunidades de ahorro para la vejez. Este fenómeno afecta especialmente a los trabajadores más vulnerables, como aquellos en empleos de baja calificación o actividades independientes.
De no tomarse medidas efectivas, Colombia podría enfrentar una crisis social en el mediano plazo, con millones de adultos mayores sin acceso a una pensión ni a un sustento económico digno. Este escenario no solo tendría un impacto en las familias, sino también en las finanzas públicas, ya que el Estado tendría que asumir mayores costos para garantizar una renta básica para estas personas.
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