El periodo en el que se realizó dicha contratación fue entre el 27 de enero y el 17 de junio de 2018, cuando se encontraba vigente la ley de garantías. Según la Auditoría, los contratos se habrían celebrado bajo la modalidad de contratación directa y, por ende, se violó la norma.

“Se hace evidente el quebrantamiento del principio de transparencia y de planeación contractual, lo que sitúa en posición de riesgo la gestión pública en desatención a los principios que rigen la función administrativa”, señaló el auditor general, Carlos Hernán Rodríguez, en un comunicado publicado por ese ente de control.

Para Rodríguez, es necesario hacer un llamado a las contralorías en Colombia para que se tomen las acciones legales pertinentes frente a cada uno de estos contratos, identificados por la Auditoría, y que se revise si incumplen o no con la normatividad.

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“En razón a las nuevas elecciones territoriales a realizarse el próximo 27 de octubre, se hace un nuevo llamado a las Contralorías Territoriales para que estén atentas a la restricción que dicha ley establece frente a la suscripción de convenios interadministrativos”, señala la Auditoría en el documento.

Finalmente, Rodríguez pide que se revise la Ley de Garantías para ver si tiene la efectividad para la que fue creada.

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