Escrito por:  Redacción Economía
Jul 21, 2025 - 12:24 pm

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, presentó un proyecto de decreto para modificar el esquema diferencial de estabilización de precios del ACPM (diésel).

El nuevo mecanismo establece que el ingreso al productor deberá ser, como mínimo, el precio de paridad internacional. Esta medida será extendida a departamentos como Antioquia, Bogotá, Atlántico, Bolívar, Córdoba y otros, priorizando municipios con capacidades adecuadas de control y fiscalización.

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Se enfocará en vehículos particulares, diplomáticos y oficiales, como automóviles, camperos y cuatrimotos, excluyendo buses, camiones y transporte público, que seguirán bajo el esquema anterior.

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El Ministerio de Minas asumirá el control y vigilancia del mecanismo, mientras que la CREG regulará aspectos técnicos de refinación y distribución.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), creado en 2007, continuará siendo clave para estos ajustes. El objetivo es corregir distorsiones en los subsidios al diésel y enfocar los beneficios fiscales en sectores estratégicos que impactan el costo de vida y la economía nacional.

Esta focalización busca eficiencia y progresividad, sin generar efectos económicos negativos ni modificar impuestos territoriales. El Gobierno podrá usar nuevas tecnologías para entregar subsidios de forma focalizada o directa al consumidor.

Por qué es bueno que precio del diésel baje en Colombia

Una reducción en el precio del diésel en Colombia tendría efectos positivos significativos en la economía nacional, especialmente debido a la alta dependencia del transporte de carga y pasajeros de este combustible. El diésel es el motor principal del sistema logístico del país: camiones, buses, tractocamiones, volquetas y otros vehículos de servicio público utilizan este tipo de combustible para movilizar productos, materias primas y personas a lo largo y ancho del territorio.

Cuando el precio del diésel se reduce, disminuyen automáticamente los costos de transporte, lo cual se traduce en menores precios para los productos en supermercados, tiendas y cadenas de distribución. Esto contribuye a contener la inflación, mejora el poder adquisitivo de los hogares y favorece especialmente a los sectores más vulnerables, para quienes el precio de los alimentos y bienes básicos es determinante en su calidad de vida.

Además, un diésel más económico mejora la competitividad del sector productivo nacional. Las empresas manufactureras, agrícolas y comerciales que dependen del transporte terrestre para mover insumos y productos finales ven reducidos sus costos operativos, lo que puede facilitar su crecimiento, permitir mayores márgenes de ganancia o incluso habilitar reducciones de precios para el consumidor final.

Este efecto se amplifica cuando se consideran las exportaciones: productos colombianos que compiten en el mercado internacional con precios ajustados pueden beneficiarse de menores costos logísticos, logrando así una posición más sólida frente a competidores de otros países.

También es relevante señalar que la reducción del precio del diésel puede contribuir a la estabilidad social. Cuando los costos del transporte aumentan, suelen generar protestas de los gremios camioneros y del sector de pasajeros, lo cual puede causar bloqueos, escasez de productos y descontento generalizado.

Una política que mantenga controlado el precio del diésel ayuda a evitar estas tensiones sociales, garantiza el abastecimiento normal de mercancías y reduce el riesgo de disrupciones económicas por conflictos gremiales.

Aunque subsidiar el diésel tiene un costo fiscal, una reducción bien focalizada —como la que excluye a vehículos particulares y se concentra en transporte de carga y servicio público— permite que el esfuerzo del Estado sea más eficiente.

Así se protege el bolsillo de millones de colombianos sin afectar de manera significativa las finanzas públicas. En resumen, bajar el precio del diésel en Colombia, bajo criterios técnicos y bien orientados, puede ser una medida favorable para la economía, la estabilidad social y el bienestar general.

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