El Diario Occidente es un periodico con 60 años de fundado, hace 20 se convirtió en un medio gratuito. Un medio que ofrece información variada con enfasis en el sur occidente del país pero tambien con temas de interes para personas que habitan en otros lugares de Colombia
La insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia ha cobrado una relevancia fundamental a partir de la reciente Ley 2445 de 2025, la cual introduce cambios clave en el sistema jurídico, orientados a brindar soluciones más humanas, ágiles y realistas a quienes atraviesan crisis económicas. Según lo expuesto por la abogada y comunicadora Ángela María Caicedo, la insolvencia ya no debe verse como un estigma o señal de derrota, sino como una herramienta legal que permite reorganizar de manera digna la situación financiera de las personas que se ven superadas por circunstancias adversas, como la pérdida de ingreso, enfermedad o acumulación de obligaciones.
La nueva legislación parte del reconocimiento de que muchas veces quienes llegan a la insolvencia no lo hacen por falta de voluntad de pago, sino porque simplemente agotan sus recursos ante hechos inesperados. El temor social al 'fracaso' es, según Caicedo, una percepción errónea que la Ley 2445 busca revertir al facilitar el acceso a más personas y reducir barreras administrativas e interpretativas. La reforma amplía la cobertura del régimen, permitiendo que pequeños comerciantes con activos limitados también puedan acogerse, y establece medidas para proteger al deudor frente a cláusulas contractuales que restrinjan indebidamente sus derechos.
Uno de los cambios más relevantes consiste en la flexibilización de los requisitos de acceso al proceso: el umbral de cesación de pagos baja del 50 % al 30 % del pasivo vencido, lo que permite que los procedimientos se inicien antes de que los intereses y procesos judiciales agoten el patrimonio de la persona. De esta manera, la ley abre la posibilidad de negociar deudas, convalidar acuerdos privados entre las partes o, cuando ya no existe otra alternativa, recurrir a la liquidación patrimonial—todo dentro de un marco garantista y bajo control profesional.
Caicedo enfatiza el impacto inmediato que el trámite tiene para el deudor: desde la admisión, se suspenden intereses, embargos y acciones de cobro, protegiendo el patrimonio. Los procedimientos pueden desarrollarse en centros de conciliación y por vía virtual, lo que representa un gran alivio en términos de tiempo, costos y desgaste emocional, especialmente para colombianos que residen en el extranjero, quienes pueden acogerse sin necesidad de regresar al país y regularizar así su situación financiera en Colombia.
Más allá de los beneficios inmediatos, la abogada recalca que la insolvencia de persona natural no comerciante es una alternativa legal diseñada para restablecer la estabilidad personal y familiar, y que acudir a ella no implica rendición, sino ejercer el derecho a reorganizarse. Procesos como la negociación y liquidación patrimonial requieren acompañamiento profesional para ejecutar correctamente cada etapa y garantizar que las decisiones beneficien tanto al deudor como a los acreedores, dentro del marco de la ley. De igual manera, se destacan servicios jurídicos adicionales con tarifas accesibles, buscando ampliar el acceso a la justicia en divorcios, sucesiones y otros procesos civiles.
Frente a las dudas que suelen surgir respecto al miedo y la vergüenza de aceptar la insolvencia, el mensaje es claro: volver a empezar es un derecho fundamental y la ley está estructurada para acompañar y proteger ese proceso, ofreciendo soluciones claras y legales a quienes necesitan reconstruir su vida.
¿Qué significa “cesación de pagos” en la Ley 2445 de 2025 y cómo impacta el acceso a la insolvencia?
La figura de la “cesación de pagos” es central en los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. Según la reforma introducida por la Ley 2445 de 2025, para iniciar el procedimiento el deudor debe demostrar que ha dejado de pagar al menos el 30% del total de sus obligaciones vencidas. Esta reducción frente al 50% exigido anteriormente permite que las personas busquen ayuda legal antes de que la crisis se agrave irreversiblemente, evitando la acumulación de intereses y la multiplicación de procesos ejecutivos en su contra.
Este cambio facilita una intervención preventiva y evita que el proceso de insolvencia se perciba como una medida de última instancia. Así, la ley busca proteger a los deudores, ofrecer alternativas a tiempo y preservar la integridad patrimonial, mejorando la posibilidad de negociación y acuerdo con los acreedores y, ante todo, asegurando un trato humano y justo durante toda la crisis financiera.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
