La iniciativa, que modificaría la Ley 142 de 1994 había sido aprobada por el Congreso de la República a finales de 2016, pero quedó en el limbo cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos la objetó al considerarla inconstitucional, en enero de 2017.
Este miércoles la Corte se pronunció, pero no sobre las objeciones del Gobierno, sino sobre el trámite del proyecto, explica El Espectador: “Cuando el presidente de la República objeta un proyecto de ley, el procedimiento dice que el Congreso tiene que insistir para que la Ley sea una realidad. Pero esto no se hizo a tiempo y este solo hecho ya es suficiente para que el alto tribunal tumbe toda la iniciativa”.
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El informe publicado en 2017 por la Casa de Nariño argumentaba que el proyecto vulneraría el principio de solidaridad, porque la reconexión de un servicio público implica “un costo real”, y la exoneración del mismo tendría “que ser asumido por una de las partes que conforman el sistema”, es decir, los usuarios que pagan oportunamente, las empresas o el propio Estado.
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