Lo paradójico o triste de estos casos es que ocurren en municipios en los que escasea el dinero y hace falta inversión, territorios en los que constantemente las comunidades reclaman servicios básicos dignos, vías en buen estado y escuelas en óptimas condiciones.

En datos de la Contraloría General de la República, el 2021 dejó una considerable lista de inversiones que se convirtieron en ejemplos de detrimento, edificaciones que generan entre los habitantes un gran desconsuelo, pues hoy nadie se beneficia de ellas.

Teniendo en cuenta que las obras poseen distintas características, el ente de control los clasificó en tres grupos:

  • ‘Elefantes blancos’ son aquellas obras abandonadas, que no están en uso o se les dio una utilidad diferente al objetivo inicial.
  • También están los ‘proyectos inconclusos’ que se definen como una obra pública en ejecución y que pasado el tiempo no se finaliza. En la región, la Contraloría tiene identificados 31.
  • Asimismo se cuentan los ‘proyectos críticos’, que se definen como aquellos que tienen dificultades en su desarrollo y están en gran riesgo de convertirse en un ‘Elefante blanco’ o ‘Proyecto inconcluso’. Por ahora, se tienen identificados 55 en el departamento.

‘Triángulo’ de enredos e incertidumbre

Tolima.
Tolima.

Uno de los casos más emblemáticos en la región es el proyecto distrito de riego Triángulo del Sur del Tolima, una megaobra que empezó a construirse el 17 de junio de 2005 entre Coyaima, Natagaima y Purificación. El propósito fundamental es llevar agua a familias indígenas y campesinas de las tres poblaciones y que están distribuidas a lo largo de 24 mil hectáreas.

El presupuesto inicial fue $ 388.350’700.000, pero entre el 2009 y el 2014 se le hicieron ocho adiciones presupuestales que ascendieron a $ 106.817 millones, dinero que provino del Presupuesto General de la Nación. Igualmente, se sumaron más de $ 50.000 millones provenientes de otras fuentes, por lo que se calcula que el valor final superó los $ 500.000 millones.

Hasta el 2021 no había certeza del valor del presupuesto que se requiere para concluir la mega estructura, tampoco, de las posibles fuentes de financiación. Otra problemática es la falta de intervención de los entes ambientales para vigilar y controlar los impactos ambientales que se están originando en área aledaña a la obra, como la desertificación del terreno, además de ello, durante los últimos años se ha originado conflictos sociales.

Estas situaciones y la falta de soluciones concretas para terminar el ‘Triángulo’, generan que la inconclusa estructura, siga siendo calificada por la Contraloría como el mayor ‘elefante blanco’ de la región, pues todavía no cumple el objeto social y económico, con el que fue creado.

Además de ello, la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Tolima, interpuso una Acción Popular por vulneración a la moralidad pública, daños al medio ambiente, entre otros. De la misma forma, la Fiscalía entró a adelantar acciones relacionadas con delitos ambientales y el inadecuado uso de la infraestructura, entre otros.

Bien de interés cultural

Tolima.
Tolima.

El Panóptico de Ibagué es un monumento cultural e histórico de la nación, al cual en los últimos 13 años se le ha invertido alrededor de $ 13.000 millones. A pesar de ello es una edificación que hasta el momento no tiene un uso permanente, por lo que está clasificado como ‘elefante blanco’.

Sobre este particular el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, expresó que la parte de la museografía se inaugurará el próximo 25 de febrero y quedaría pendiente el archivo histórico, que espera un aval del Ministerio de Cultura. Además comentó que se cuenta con los recursos que provendrían de la estampilla procultura. Se estima que se requieren entre $2.000 y $3.000 millones.

“Todos los museos en el mundo son respaldados de manera directa, ningún museo se sostiene solo, toca respaldarlo”, dijo el burgomaestre en entrevista con El Nuevo Día el 16 de enero.

Lee También

De espacio deportivo a generador de riesgo social

Tolima.
Tolima.

Otro proyecto que es visto como un símbolo de la pérdida de recursos públicos, es la construcción del coliseo cubierto en la I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, sede Manuel Tiberio Gallego de Venadillo. En 2016 a través de licitación pública, se contrató la obra que tuvo un presupuesto inicial de $3.022’022.000, recursos que provenían del Sistema General de Regalías, SGR.

El inicio de ejecución fue el 8 de abril y el tiempo de terminación establecido fue de seis meses, pero con el paso de tiempo se tuvieron tres prórrogas y una adición, por lo que el valor final llegó a los $3.146’920.000.

Aunque la obra se culminó, hoy es una estructura sin uso y al parecer está en el olvido: “Está la pura estructura, sin la parte eléctrica, los pisos vencidos, plaquetas hundidas en más de dos centímetros, no se puede hacer un campeonato de baloncesto porque hay peligro, hay que cambiar el piso total, ya hay partes averiadas en la gradería”, contó el rector Jesús Emilio Lozano.

El relleno sanitario que no fue

Tolima.
Tolima.

En 2007 se empezó a desarrollar la idea de construir un relleno sanitario en Armero–Guayabal, con el propósito de recibir los residuos sólidos de ese municipio y de Casabianca, Falan, Lérida, Líbano, Mariquita, Palocabildo y Villahermosa. El valor destinado fue de 1.776’340.000 pesos, dinero que provenía del Presupuesto General de la Nación.

La obra se empezó a construir en agosto de 2010 y tenía como fecha de terminación el 16 de septiembre. La iniciativa de disposición final de residuos se iba a desarrollar en 20 hectáreas del predio Las Palmas. Las obras incluían construcción de vías, adecuación de celdas para la disposición de basuras, construcción de lagunas de tratamiento de lixiviados, báscula y oficinas, entre otros.

Sin embargo, esa área hace parte de la cuenca del río Sabandija, subcuenca de la quebrada Santo Domingo y posee diferentes drenajes naturales. Asimismo, cuenta con una concentración de aguas de escorrentía superficial, lo que para expertos demuestra que es una zona de recarga hídrica continua. Debido a ello la propuesta fue cuestionada fuertemente por los habitantes y diferentes sectores sociales de la región, pues con la creación de este botadero, se iba a generar un significativo daño ambiental en la vereda Santo Domingo.

Ante dicho valor ecológico, desde entonces las comunidades emprendieron una lucha en defensa del medio ambiente y su persistencia generó que por más de una década se librara un proceso jurídico a través de dos Acciones Populares que llegaron al Consejo de Estado.

En marzo de 2021 se conoció que fueron amparados los derechos al goce a un ambiente sano, a la salubridad pública y acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad y a la defensa del patrimonio.

Un centro de acopio a medias

Tolima.
Tolima.

En el 2010 se contrató en Rovira la construcción de un Centro de Acopio que tenía como finalidad brindar un mejor espacio a los comerciantes de verduras, frutas, cárnicos, entre otros productos. La propuesta que fue bien recibida por la comunidad, tuvo una disponibilidad de $ 487’983.000, recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.

Durante el desarrollo de la obra se contaron tres suspensiones, en una de ellas se explicó que se iba a ajustar el diseño arquitectónico para implementar un cuarto frío con el fin de madurar productos cárnicos. Luego, otro argumento para pausar la obra fue que la elaboración del cuarto frío se demoraba 60 días calendario para su instalación. Después, por ola invernal se generaron varios inconvenientes en el transporte. Con el paso del tiempo también se generó una denuncia porque no se contempló el alcantarillado, lo que evitó el uso de la estructura como centro de acopio y el adecuado manejo de productos alimenticios y cuarto frío.

Pasado el tiempo, lo que se tiene al lado de la plaza de mercado, es una estructura que permanece cerrada, sin uso y que iba a ser destinada a los campesinos. Los espacios están deteriorados y los fines de semana las personas que llegan de las veredas se deben ubicar en un espacio que no es el más adecuado.

Recientemente, se escuchó por los corredores de la Plaza de Mercado de Rovira, que se tendría proyectado volver hacer una nueva inversión, que incluiría la transformación total del Centro de Acopio que se creó hace 10 años, por lo que algunos expresaron que se debería adecuar el sitio y poner en funcionamiento lo que está. Ojalá “que no pase lo mismo, que quede otro ‘elefante blanco’”, añadió una vendedora.

Falla geológica

Tolima.
Tolima.

En 2009 se estableció un convenio para la construcción de un acceso vehicular, obras de control de erosión y estabilidad de taludes en el puente ubicado en el sector Zanja Honda, el cual conecta a Roncesvalles con San Antonio. Para ello se destinaron $219’976.000.

Entre 2011 y 2012 se construyó un puente vehicular, que colapsó en octubre de 2012. Tras una indagación de la Contraloría se concluyó que el caso no generaba responsabilidad fiscal, pues la obra se ejecutó conforme a los estudios y diseños debidamente aprobados, tal como lo verificó un informe técnico. Luego se determinó que por el sitio cruza una falla geológica, motivo por el cual no es posible realizar nuevas obras.

Pasados 10 años, las dificultades en este sector no desaparecen, peo Zanja Honda es un eslabón estratégico para el transporte de San Antonio y su corregimiento Playarrica, igualmente, para los habitantes de Roncesvalles, además conecta estas comunidades con Rovira e Ibagué.

Recientemente se anunció que uno de los nuevos kit de maquinaria que adquirió el Departamento llegará a San Antonio para intervenir el sector Zanja Honda, por lo que se espera dar movilidad en los próximos días.

Un hogar de adulto mayor que no vio la ‘luz’

Tolima.
Tolima.

La Alcaldía de Icononzo contrató hace seis años la construcción de la primera fase del Hogar del Adulto Mayor, una propuesta que tuvo como presupuesto $ 603 millones, de los que $ 500 millones fueron aportados por el departamento y $ 103 millones por el municipio.

Posteriormente se hizo una adición de $ 148’296.000, por lo que el presupuesto total ascendió a los $ 751’296.438, y a pesar que se registra un avance financiero del 81 %, la estructura quedó con un 31 % de ejecución física.

En 2019 se conoció un informe de auditoría exprés por parte de la Contraloría Departamental, en ese entonces se generaron cuatro hallazgos administrativos, dos de ellos con incidencia disciplinaria, por lo que el caso se trasladó a la Procuraduría. Dla misma forma, se reportaron dos hallazgos fiscales por $ 698 millones, pues la obra no se concluyó.

En 2020 la respuesta que le dio el ente de control a un ciudadano que ha hecho seguimiento al caso, es que en esa vigencia se habría adelantado un proceso de responsabilidad fiscal en contra de los exalcaldes Reyes Cortés Hernández y Jorge García, e igualmente se vinculó al contratista.

Actualmente, los abuelitos están en una casa ubicada al ingreso del municipio que no tiene las condiciones necesarias que ellos merecen.

Un parador sin transporte

Tolima.
Tolima.

Otra obra que terminó convirtiéndose en un problema socia fue el Parador de Transportes en Carmen de Apicalá, obra contratada en junio de 2015 que tuvo un presupuesto inicial de $ 349’860.000 que, tras adiciones, llegó a $508.665 millones.

El proyecto fue planteado en dos etapas, la primera comprendía estudios técnicos, desarrollo de diseños y trámites, mientras que la segunda parte tenía el fin de la ejecución de la obra, socialización y entrega en funcionamiento.

Pese a que la estructura se terminó en un 100 %, no se tuvo en cuenta si había empresas interesadas en hacerse cargo de la administración, según un informe de auditoría adelantado por la Oficina de Control Interno de la Administración Municipal de 2018. Hasta ese entonces no existía un estudio de mercado real que demostrara necesidad e impacto social.

En el documento se precisa “no se abrió la posibilidad real para crear un terminal de transportes, pues el parador construido no tiene la proyección para serlo, por ello, las mismas instalaciones no fueron acogidas por ninguna empresa(…)”. Asimismo, se especifica que fueron consultadas 12 entidades de transporte, las cuales no respondieron las cartas enviadas, por lo que al ser consultadas telefónicamente habrían expresado que no estaban interesadas.

Igualmente, se precisa que la zona de parqueo tiene una capacidad de estacionamiento para 12 vehículos y no hay espacio para estacionar otros automotores en espera, ni taxis se servicio público, ni particulares.

En 2020 la Contraloría Departamental adelantó una auditoría que evidenció anomalías, irregularidades, falta de planeación en la contratación y en la ejecución, de la misma forma, no se tuvo en cuenta normas reglamentarias en materia de transporte. La indagación dejó un hallazgo fiscal de $534 ‘860.000 con incidencia disciplinaria y una penal, por lo que el caso fue trasladado a las autoridades respectivas.

Pasado más de un año, los habitantes desconocen si ya hubo decisiones de fondo, igualmente, son testigos de como con el paso del tiempo se deteriora el lugar.

Planta en San Antonio

Otras obras que en su momento fueron vistas como proyectos sin utilidad, fue la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el sector la Sapera de San Antonio, para ello se dispuso de un presupuesto final de $159’617.000, recursos del Municipio.

Según datos históricos, la obra se empezó a ejecutar en enero de 2006 y se entregó en 2008, pero no generó ningún beneficio a la comunidad, motivo por el cual en 2019 se interpuso una denuncia, pues la construcción estaba abandonada.

¿Intervención de escuelas, en veremos?

En diciembre de 2013 en Ataco a través de la modalidad de contratación selección abreviada, se puso en marcha la construcción de unidades sanitarias y obras de adecuación de las sedes escolares en las veredas Lindosa, San Pablo, Balsillas, Mesa de Pole, Monteloro, El Brillante, la Dorada, el Cóndor y las Moras. El presupuesto destinado fue de $ 111’601.466 y provenía del Sistema General de Participaciones, SGP, dinero con el que se buscaba beneficiar a 380 estudiantes.

Sin embargo, hasta el 2019 la obra estaba suspendida y con un porcentaje de ejecución del 50 %. Tras una verificación del Estado por parte de la Contraloría General se decidió incluirlo a la estrategia ‘Compromiso Colombia’, para lograr rescatarlo y concluirlo.