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El Banco de la República divulgó un revelador estudio en el que se asegura que los incrementos inesperados del salario mínimo en economías pequeñas, emergentes y abiertas, como la de Colombia, derivan en la reducción de la demanda de trabajadores formales poco calificados, quienes son sustituidos por colaboradores informales y maquinaria.
La investigación, liderada por Óscar Ávila, Anderson Grajales, Juan Ospina y Mario Ramos, y que el Banrep aclara que no le compromete, destaca que aunque en el corto plazo esa decisión tiene un efecto positivo sobre el nivel de consumo del personal poco calificado, con el correr de los meses se traduce en que este se queda sin trabajo, es reemplazado y, desde luego, su consumo baja considerablemente.
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Eso sí, de acuerdo con un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la proporción de trabajadores en riesgo de ser reemplazados por máquinas, en América, es más alto en otros países que en Colombia. Por ejemplo, en Guatemala y El Salvador el 75 % está en este dilema, mientras en Ecuador y Costa Rica lo están el 69 % y 58 %, respectivamente (ver gráfico).
“También encontramos que la política monetaria es menos efectiva para controlar la inflación en el corto plazo debido a las rigideces creadas por el salario mínimo”, dicen los investigadores mencionados, quienes adhieren que las políticas de salario mínimo tienen mayor incidencia en países como Colombia, que en economías desarrolladas.
En efecto, Laura Peña, economista de Bbva Research, recordó que en Colombia el porcentaje de indexación es elevado y suele estar atado a dos indicadores principales: la inflación del año previo y el incremento del salario mínimo para el año corriente.
Para ejemplificar el peso que tienen estos factores, apuntó, “la indexación a través de la inflación generaría efectos sobre el 30,5 % de la canasta que consume un hogar, y a través del salario mínimo sobre un 27,9 % de esta. Esto significa que el 58,4 % de la canasta de bienes y servicios en Colombia se ve afectada por la inflación y el salario mínimo”.
Si bien el salario mínimo para Colombia en 2024 terminó dejando satisfechos –en líneas generales– tanto a gremios, centrales obreras y Gobierno, los empresarios han pedido que se fomenten medidas urgentes para que el ajuste vaya de la mano con un aumento en la productividad laboral.
Para Aliadas, alianza de 37 asociaciones y gremios del país, hay una urgencia de alinear el incremento salarial con la generación de empleos formales mejor remunerados en lugar de desacelerar la economía, cerrando brechas sociales.
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“Es fundamental trabajar conjuntamente entre el Estado, el sector empresarial y la sociedad civil de manera tripartita para impulsar el desarrollo, integrando tecnologías avanzadas y mejorando las competencias del talento humano, lo cual redundará en una mayor competitividad”, anotó.
En este punto es de recordar que para el año en curso el salario básico en Colombia subió 12,06 %, escalando de $ 1.160.000 a $ 1.300.000; mientras que el auxilio de transporte quedó en $ 162.000; al dato le precedió un duro debate –como es tradicional– entre empresarios y sindicatos, luego de que el Dane informara que para el tercer trimestre de 2023 la productividad laboral cayó 1 %.
Analistas de Scotiabank Colpatria recordaron que a pesar de que el salario mínimo ahora se indexa a menos componentes de la canasta familiar, su impacto se refleja en áreas como la administración de propiedades horizontales, especialmente en servicios de celaduría y vigilancia. “Se espera que para enero y febrero de 2024 se cause entre el 40 % y el 50 % de la inflación de todo el año”.
Sobre el mínimo definido para este año, el presidente Petro defendió que “dos millones y medio de familias vulnerables obtienen un beneficio neto con este decreto del Gobierno, y seguramente millones de familias más, podrán ser arrastradas a un mejor nivel de vida”.
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