El Gobierno Nacional presentó un proyecto para implementar un cobro diferencial del diésel, según el tipo de vehículo, con el fin de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Sin embargo, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles (COMCE) criticó la medida ya que es “inviable en su aplicación operativa”, al no contar con una reglamentación clara ni haber sido discutida con el gremio.
(Vea también: $ 15.200: preocupan a dueños de estos carros particulares en Colombia por nuevo cobro).
Según COMCE, las estaciones de servicio no están preparadas para aplicar precios distintos por galón según el tipo de vehículo, y alertaron sobre el impacto económico negativo que una implementación improvisada podría generar, como ocurrió durante el paro camionero de 2024.
Además, se cuestiona la creación de “zonas priorizadas” en al menos 65 ciudades donde regiría el nuevo esquema, lo que agregaría complejidad operativa.
Expertos como Julio César Vera advierten que se necesitaría tecnología adicional, personal y registros que tardarían hasta nueve meses en desarrollarse.
Aunque se respalda el objetivo de focalizar subsidios y racionalizar el gasto público, el gremio insiste en que se requiere diálogo, tiempo y una implementación progresiva para evitar distorsiones en el mercado y garantizar la estabilidad del sector y la protección del consumidor.
Por qué el alza del diésel afecta en Colombia
El alza en el precio del diésel en Colombia genera múltiples impactos negativos que afectan tanto a la economía como a la vida cotidiana de los ciudadanos. En primer lugar, resulta fundamental comprender que muchos sectores productivos dependen en gran medida de este combustible. El transporte de carga por carretera, el transporte público —como buses intermunicipales y articulados—, y la maquinaria agrícola o de construcción utilizan diésel como insumo básico. Cuando su precio se incrementa, los costos de operación aumentan directamente, y esos sobrecostos frecuentemente se trasladan a los consumidores en forma de mayores precios por bienes y servicios.
Así, el aumento de los precios del pan, verduras, materiales de construcción, entre otros, se convierte en una consecuencia directa. Esta inflación, generada desde el transporte y la logística, erosiona el poder adquisitivo de las personas, especialmente de aquellas que tienen salarios bajos o dependen de subsidios gubernamentales, haciendo que su capacidad para satisfacer necesidades básicas se reduzca significativamente.
En segundo lugar, y como extensión del punto anterior, el incremento del diésel también tiene efectos sobre la competitividad del país. Colombia, siendo una economía con altos niveles de exportación de productos como flores, café y alimentos procesados, requiere una logística eficiente y costos de transporte accesibles para ser competitiva internacionalmente. Cuando el precio del diésel sube, el costo de llevar esos productos al puerto o aeropuerto también disminuye el margen de ganancia de los exportadores. Además, encarece la adquisición de insumos importados, porque los fletes marítimos y terrestres se vuelven más costosos.
Esto puede traducirse en menores exportaciones, pérdida de mercado frente a competidores y una mayor dependencia de productos importados, lo cual impacta negativamente la balanza comercial y el crecimiento económico del país.
Otro impacto importante radica en el ámbito social y ambiental. El alza del diésel puede generar incrementos en subsidios para evitar que el precio llegue al consumidor final, lo cual representa una presión directa sobre las finanzas del Estado.
En un país con estrechos márgenes fiscales, este tipo de subsidios podría desviar recursos valiosos de sectores como educación, salud o inversión en infraestructura. Por otro lado, mientras se mantiene una dependencia tan alta del diésel, se pospone la transición hacia energías más limpias y sostenibles. A pesar de que el diésel es un combustible fósil que contribuye significativamente a la emisión de CO₂ y contaminantes locales, financiar su uso de manera subsidiada incentiva su consumo continuado, dificultando que se invierta en investigación y despliegue de tecnologías verdes como transporte eléctrico, biocombustibles avanzados o transporte público sostenible.
En diversos estratos sociales, un alza en el diésel afecta desproporcionadamente a los más vulnerables. Las personas que dependen de transporte público sufren incrementos en las tarifas de buses y transporte intermunicipal.
Los pequeños comerciantes, que necesitan transporte para distribución o adquisición de mercancías, ven reducida su rentabilidad y podrían verse obligados a subir precios o reducir jornadas laborales. Y en zonas rurales, donde muchos pequeños agricultores emplean maquinaria diésel, el aumento del precio puede significar la imposibilidad de sembrar o cosechar, afectando la seguridad alimentaria, el empleo rural y profundizando las brechas sociales entre las ciudades y el campo.
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