El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda de Colombia objetan reformas al esquema de subsidios al diésel o ACPM, redirigiendo el beneficio de ciertas categorías de vehículos a los de servicio público con el propósito de corregir desequilibrios en el uso de recursos estatales, según informó Portafolio.
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La medida, destinada a cerrar una brecha fiscal en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), propone la eliminación del subsidio para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales como automóviles, camionetas, camperos y cuatrimotos, los cuales deberán ajustarse al costo de paridad internacional, establecido entre 13.500 y 15.200 pesos por galón, de acuerdo con el citado medio.
En contraparte, los vehículos de servicio público, como buses, camiones, tractocamiones y volquetas, mantendrán sus beneficios. Tal como lo mencion el Ministerio de Minas y Energía en el citado medio “es fundamental mantener un esquema que proteja a los sectores que impulsan la economía y proporcionan servicios a la masa ciudadana, que dependen del diésel para su funcionamiento”.
De ejecutarse dichos ajustes en el sistema de subsidios, se prevé inicialmente un ahorro cercano a los 386.700 millones de pesos. Su puesta en marcha comenzaría en regiones como Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cauca, donde el consumo de diésel por vehículos particulares es alto y existe mayor capacidad de control fiscal y de vigilancia. Se esperaría que la medida se instituya progresivamente en otras zonas del país, de acuerdo con el citado diario.
La modificación en el subsidio al ACPM, además de buscar un equilibrio en el gasto público y reducir el déficit fiscal, busca alineación con los precios del mercado internacional, y se espera que incentive un uso más racional del combustible diésel. Sin embargo, esta eliminación del subsidio a vehículos particulares implicaría un incremento gradual sobre el precio del ACPM hasta igualar su valor con el internacional, coste similar al actual de la gasolina, como se señaló en el informe periodístico.
“Esta medida busca eliminar beneficios que ostentan autos de lujo, como las cerca de 360.000 camionetas diésel que circulan en Colombia, que no aportan proporcionalmente a la productividad nacional” ha señalado el Ministerio de Hacienda, como informó el medio de comunicación.
El impacto fiscal de esta política sería significativo. Según las cifras proporcionadas por el Gobierno, se podrían aliviar las cuentas públicas en hasta 10 billones de pesos anuales. El Ministerio de Minas y Energía se encargará de la estructuración y vigilancia de este nuevo esquema. La medida iniciará una vez publicada la reglamentación técnica, oficializando el cambio en el subsidio al ACPM para los vehículos particulares y oficiales.
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En este marco, surge una interrogante: ¿Qué implicaciones económicas y fiscales tendría la eliminación del subsidio al diésel en Colombia? Mientras que a corto plazo esta medida podría significar una solución al déficit fiscal, resulta imperativo explorar las consecuencias a largo plazo en la economía del país, especialmente en la población que depende del uso de diésel en su vida diaria, como las cosechas, las importaciones, exportaciones, entre otras.
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