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La discusión sobre la equidad de género en el fútbol profesional colombiano se intensificó tras una denuncia hecha pública el lunes 27 de abril, la cual señala contradicciones entre el discurso del “Gobierno del Cambio” y las acciones del Ministerio del Deporte respecto a la protección de los derechos laborales de las futbolistas. La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, fue quien destapó la controversia, al advertir que el Ministerio habría avalado un reglamento de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) que permite a los clubes inscribir jugadoras sin un contrato laboral formal.
El foco de la disputa es el Reglamento 2026 de la Dimayor. Según Juvinao, este documento perpetúa la desigualdad de condiciones entre las ligas masculina y femenina. En su cuenta de X (antes Twitter), la congresista se preguntó si el Ministerio del Deporte apoyó oficialmente que las mujeres de la liga femenina puedan desempeñar su labor sin contrato de trabajo, lo que supondría una práctica de discriminación de género en el espectro laboral del deporte profesional.
Al revisar el contenido del reglamento avalado, Juvinao evidenció que el artículo 35 para la liga masculina obliga a que los 25 jugadores inscritos cuenten con contratos laborales; mientras que el artículo 20 para la liga femenina permite la existencia de entre 15 y 25 jugadoras con contrato profesional, pero abre la puerta a que hasta 10 puedan ser catalogadas como jugadoras “aficionadas” y por tanto, carezcan de cualquier vínculo contractual formal. Para Juvinao, esto excluye a un porcentaje significativo de futbolistas de beneficios esenciales como acceso a salud, pensión y riesgos laborales.
La legisladora sustentó su crítica en la Ley 2466 de 2025, que manda que “todo deportista que preste servicios bajo subordinación de un club profesional debe tener contrato de trabajo especial”. Calificar a una jugadora como “aficionada”, argumenta, es una maniobra para evadir las obligaciones laborales y no tiene relevancia jurídica cuando existe una relación de subordinación. Además, Juvinao consideró que el aval del Ministerio del Deporte refleja una postura discriminatoria que transmite el mensaje de que el trabajo realizado por las mujeres vale menos.
Desde la otra orilla, el Ministerio de Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, respondió defendiendo que la protección a los derechos laborales es central en la agenda del gobierno. Sanguino destacó los avances conseguidos mediante la concertación con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, subrayando mejoras en remuneraciones, reconocimiento de derechos y acceso a regalías y permisos para futbolistas.
El ministro presentó estadísticas para sustentar el trabajo realizado en materia de inspección: en 2024 se realizaron cuatro visitas a clubes femeninos, en 2025 fueron treinta y cuatro, y en 2026 ya se sumaban cinco adicionales. No obstante, Juvinao alertó que estas acciones resultan insuficientes mientras el torneo sigue en curso sin que exista protección efectiva para las jugadoras actualmente inscritas como aficionadas.
Frente al llamado de Juvinao, Sanguino aseguró que la denuncia se incluirá en los planes de seguimiento e inspección y que ya existen investigaciones, sanciones y planes de mejora en marcha. Pese a ello, la representante solicitó la intervención de la Procuraduría, insistiendo en que la situación implica una vulneración directa al derecho a la igualdad para las futbolistas. Remarcó su compromiso total con la causa y su lucha para que tanto el Estado como los privados cumplan la ley y garanticen condiciones laborales justas e igualitarias para todas las jugadoras profesionales.
El debate ha dejado al descubierto una tensión política y jurídica profunda, en la que se entrecruzan discursos de compromiso con la equidad de género, marcos legales como la Ley 2466 de 2025 y la urgencia de acciones concretas para proteger a las mujeres que integran la Liga Femenina Colombiana. La respuesta estatal y los reclamos legislativos auguran un escenario de mayores fiscalizaciones y, posiblemente, cambios normativos en el corto plazo.
¿Qué implica ser “jugadora aficionada” según el reglamento de la liga femenina?
Esta cuestión adquiere especial relevancia en el contexto actual, marcado por la discusión sobre los derechos laborales de las mujeres futbolistas en Colombia. El reglamento de la Dimayor diferencia a las jugadoras entre profesionales —quienes cuentan con contrato laboral— y aficionadas, que pueden participar sin dicho vínculo. Según la denuncia de Catherine Juvinao, esto significa que una parte de las jugadoras inscritas en la liga femenina está desprotegida frente a beneficios mínimos como el acceso a la seguridad social y otras garantías asociadas.
El término “aficionada” de acuerdo con la congresista, es empleado por los clubes como una figura que permite la inscripción de deportistas sin otorgarles los derechos y deberes legales de un trabajador subordinado. Sin embargo, si existe subordinación, la ley indica que debe existir un contrato, por lo que este término, legalmente, perdería sentido en el contexto profesional. Esta distinción es clave en la discusión sobre la protección de los derechos laborales y la igualdad en el fútbol profesional colombiano.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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