El funcionario exaltó además que la ley que reglamenta el servicio de taxis de lujo en el país emitida en 2015 es “buena y seria”. Adicionalmente, remarcó de nuevo que en “Colombia no puede prestar un servicio público ningún vehículo particular” porque esto “es peligroso y está por fuera de la norma”.

En las declaraciones en Caracol Radio, Rojas explicó que “no estamos en contra de la tecnología”, pero se quiere que las empresas se rijan bajo la normativa que tiene el país para este tipo de servicios.

En contraste con lo dicho por el funcionario, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió hace varios meses un concepto en el que concluye que la norma del Mintransporte mantiene y acentúa los problemas de mercado de la industria de taxis: mantiene restricciones a la oferta y la demanda, y no crea “una diferencia sustancial en materia de seguridad y calidad del servicio al pasajero; desde la óptica del consumidor, se verá abocado a pagar una mayor tarifa por un servicio que no le representa mayores beneficios o diferenciaciones sustanciales al que ya existe”.

En ese concepto, la SIC también se pronunció acerca de las innovaciones disruptivas en el transporte individual de pasajeros y las plataformas tecnológicas que intermedian este servicio. De acuerdo con la SIC “Estas plataformas han colaborado para resolver eficazmente problemas de asimetría de información y de coordinación, dado que permiten conocer los datos del conductor, planificar rutas, contratar una tarifa dinámica, desglosar la tarifa, evaluar con consecuencias a la contraparte, conocer en tiempo real la disponibilidad del servicio, construyendo así un nuevo producto en el mercado”.

Sobre el tema, Ómar Calvo, gerente de Cabify Colombia, en diálogo con Pulzo, advirtió que a pesar de que se presentó la documentación ante el Ministerio para habilitar la plataforma, aún no han tenido una respuesta.

Adicionalmente, Calvo expresó su resistencia a las declaraciones del Ministro Rojas en Caracol Radio argumentando que “muchas de las características [que pide la ley] no funcionan de la forma en que el Ministerio pensaría”. Además remarcó que la “experiencia de tecnología” de la entidad gubernamental “es realmente nula”.

Por otro lado, pese a que Cabify asegura que intenta cumplir con las regulaciones que exige la ley emitida en 2015, hay muchas complicaciones.

En primer lugar, explicó Calvo, las plataformas tienen que afiliarse a una empresa de taxis de lujo, que hasta el momento no existen y que también deben ser habilitadas por su parte a través del Ministerio.

Una vez realizado este proceso, deben dirigirse a las alcaldías de ciudades o municipios para reglamentar localmente el funcionamiento del servicio. Luego de tener todas estas regulaciones aprobadas, las plataformas deben contar con los carros exigidos por el Ministerio.

Según le dijo el gerente de Cabify a Pulzo, “los cupos están monopolizados por las empresas de taxis amarillos y la única manera de obtener uno es chatarrizar otro, o que las alcaldías locales abran concurso para aumentar la capacidad transportadora”.

Calvo añade que esta ley favorece el “monopolio de los taxistas” ya que las características de los carros que exige la norma eleva su precio de los 30 millones (150 millones con cupo) a 60 millones (180 millones con cupo).

Finalmente, concluyó el gerente de la plataforma, que solamente para cumplir la demanda de Bogotá por ‘taxis de lujo’, tendrían que agregarse alrededor de “15 mil carros al parque automotor”.