Atizado ambiente acompaña el panorama de Colombia, uno de los cuatro países que aún no inician vacunación en América Latina, mientras el gobierno sigue haciendo gala de su falta de arrojo y gallardía para hacer frente a la coyuntura política, económica y ciudadana que lo acompañan al interior de la geografía nacional.
Violencia, desempleo, corrupción, hambre, entre otros factores, son evidencia de la desprotección de niños, jóvenes, adultos y tercera edad, hombres y mujeres, que atónitos observan la hipocresía administrativa que abre la puerta humanitaria a la protección de migrantes venezolanos, pero hace caso omiso a la garantía constitucional de derechos fundamentales que se debe brindar a los colombianos.
Discursos de resonancia que traen consigo el beneplácito de la comunidad nacional e internacional –ONGs, expresidentes, organismos multilaterales, gobiernos de potencias económicas, entre otros–, lejos de traducirse en un respaldo económico e inversión efectiva de atención social, acrecientan la distancia ideológica y conceptual del mandatario, y su equipo de gobierno, con la población. Luz global que eclipsa la oscuridad que se vive en casa, mano amiga que se abre al vecino oculta la cara adusta que se tiene para responder a minorías regionales que hacen frente al abandono y olvido en el que se sucumben los Montes de María, Buenaventura, departamento del Cauca, Catatumbo y municipios fronterizos, por solo hacer referencia a algunos.
Decisión humanitaria y solidaria, acertada y oportuna para algunos, no puede dejar de lado que primero es el uno y después el dos; crisis económica, conflicto armado, reagrupación de la narco–guerrilla, exigen de la reacción inmediata del ente gubernamental y la implementación de políticas públicas que atiendan la búsqueda de una alternativa para subsistir o huir de la violencia por parte de los colombianos. Lejos de politizar el problema, polarizar el ambiente, o rayar los límites xenófobos, la situación exalta los ánimos nacionalistas y llama a despertar consciencia para acercarse a la angustia, miedo y esperanza de aquel migrante, o desplazado, que en algún momento podría ser cualquiera de los ciudadanos del territorio nacional.
Deuda histórica del gobierno central con el eje poblacional debe trascender los decretos y las alocuciones, garantía de los derechos requiere materializarse en el día a día. Reactivación del país exige concentrar esfuerzos, no solo en los principales núcleos poblacionales, y tener planes estratégicos que vinculen y den oportunidades a los pobladores de los rincones apartados de las capitales regionales para que aporten, lo mejor que tienen, a la construcción de Colombia. Trabajo, destino y dignidad que ahora se brinda a los venezolanos debe extenderse a los connacionales y atajar los brotes hostiles que en la calle señalan al exiliado como foco de la inseguridad que, apartada de la percepción, tantas víctimas cobra en el entramado social colombiano.
Certeza y estabilidad, económica y jurídica, será la que abra alternativas laborales para todos, camino correcto a seguir no está inmerso en una reforma tributaria ligada a la pandemia, exabrupto político que ahoga al ciudadano y solo se conecta con las raíces gubernamentales colombianas. Regularización del acceso a la salud, la educación y las vacunas trae consigo la obligación de pagar impuestos; organizar la casa en medio del desequilibrio, por el que pasa el país, no puede estar supeditado a la llegada de recursos internacionales que respalden el amparo de los expatriados y se pierden en el apetito voraz de la corrupción que carcome las esferas dirigentes de Colombia. Táctica electoral que tiene su coletazo en las campañas que ya despuntan y solo buscan agrietar la resquebrajada división de pensamiento y opinión en la visión que se tiene de país.
Narrativa de odio que sale de izquierda, centro y derecha exacerba al colectivo social; inclusión de población vulnerable, ofrecimiento de garantías, diluye la claridad que se tiene sobre la importancia de los derechos adquiridos y los deberes a aplicar. Migración indiscriminada, que se ha querido minimizar en el tiempo, reboza la copa y urge saber cuántos son, quiénes son, cómo se llaman y a qué se dedican, para reconocerlos, legalizarlos si así se quiere, y ajustarlos al cumplimiento de las leyes nacionales. Convivencia en los barrios, las calles, e incluso los colegios, clama por la solidaridad de un pueblo que por muchos años tuvo un éxodo poblacional que tiene a miles de colombianos por el mundo tratando de salir adelante.
Calidad de vida parte de las acciones individuales, el inconveniente no está en el tener un problema sino en no hacer nada con ello, pasividad de la presidencia para atender las necesidades de la sociedad colombiana, y dar ejemplo por lo bueno a los países de la región latinoamericana, no puede ser óbice para encontrar una salida de base, y ordenada, que sea motor de transición social y económica. Decisión de estado, con el estatuto de protección temporal, ya expresada en el ecosistema global, debe ser ponderada y ajustada a la realidad de la nación; acto de caridad con los venezolanos tiene el clamor popular por el advenimiento de políticas equitativas que hagan frente a lo que viven en Chocó, la Guajira, el Amazonas y otros lugares del país, quienes están cansados de las mieles del capitalismo y apuestan por imponer un giro de 180º, sin reconocer los ejemplos cercanos de la desgracia y el fracaso del socialismo.
Son muchas, y válidas, las aristas que ahora afloran en la polarización ideológica del país, inestabilidad y mendicidad que invaden las calles colombianas requiere la capacidad gestora de una administración gubernamental que propicie rutas para aportar de manera legal y productiva a la nación. Quienes hoy están sin patria, huyen del hambre y la dictadura, piden que no se les cierren las puertas, así como a quienes son víctimas de las tragedias nacionales; ayudar es clave, pero sin caer en las artimañas de quienes solo quieren beneficiarse y vivir de los subsidios y programas del estado. Todos merecen oportunidades, hacer las cosas más fáciles, para migrantes, debe ser para sumar esfuerzos en pro de trabajar, subsistir y crear empresa, acciones que atiendan el grave problema de desempleo y pobreza que viven los colombianos.
En una década la historia será quien juzgue y evidencie si los dirigentes tuvieron la casta política para consolidar una paz con justicia social, nueva página para Colombia con garantía de educación, salud y empleo distante del status quo de la represión que impone la violencia, política y social, que circunda el país. Voz de discordia que hoy se levanta es congruente con la carencia de un empleo digno y bien remunerado, seguridad democrática que ataje la desigualdad y dignifique el justo y necesario progreso del país. Antes que procesos de movilización, y la atomización de manifestaciones juveniles, es clave mirar de quién se rodean para lograr una verdadera representación política y no caer en las manos de personajes desesperados, por llegar al poder, sin la capacidad para ejercer la primera magistratura de la nación, ¡ejemplo más claro no se puede tener!
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