Poca trascendencia tuvo en los medios de comunicación que, luego de múltiples prorrogas, el 31 de diciembre de 2020 vencía el plazo dado, por el Gobierno a las FARC, para la entrega de los bienes inventariados por ellos, como parte del Acuerdo de La Habana, para reparar a las víctimas del conflicto armado. Nueva falta que, ex–militantes de la guerrilla quieren hacer ver como una campaña del Estado para llevarlos al incumplimiento, devela las oscuras intenciones de ajustar lo pactado al ruin interés de quienes se niegan a cumplir con lo firmado.
Falacia de una negociación, que se amolda a la ley del embudo, desde la que se re–victimizan los ex–combatientes para seguir dando largas a lo que a ellos corresponde y desconocer lo estipulado en el decreto 1.407 del 24 de agosto de 2017 y el decreto 1.080 del 31 de julio de 2020.
Voluntad de Paz no está circunscrita únicamente al Gobierno, los ajustes institucionales que trae consigo la implementación del Acuerdo pide de las FARC importante cuota de autorresponsabilidad para honrar los compromisos. Esguince a la reparación de las víctimas aclama que humanistas, glaucos, social demócratas, líderes alternativos y demás políticos que, con vehemencia endilgan responsabilidades al presidente y su partido, dejen el silencio cómplice y se pronuncien sobre la burla a la Nación, a las víctimas del conflicto y al mismo pacto. Los hechos y el tiempo han demostrado que temores del país, que salieron a flote con el NO al plebiscito del 2 de octubre de 2016, cobran relevancia en la narrativa de crisis que demuestra su validez en las acciones de los actores del proceso.
Heterogéneas opiniones que se tejen alrededor del Acuerdo, enfrentamientos que polarizan a Colombia, acrecientan la violencia psicológica que traen consigo las consecuencias de los delitos de lesa humanidad y las constantes violaciones de los Derechos Humanos que perpetraron las FARC, pero parecen pasar desapercibidas para la justicia. Asuntos que competen a la Jurisdicción Especial de Paz deben dejar de estar alineados con la impunidad, muchos son los días que han pasado y las prebendas que se han otorgado, pero pocos los resultados efectivos para que los ex–jefes guerrilleros paguen por sus delitos. Auténtica Paz esta ceñida a la verdad, reparación y rendición de cuentas antes que el ejercicio de los derechos políticos de quienes tanto mal hicieron al colectivo social.
Los integrantes de las FARC, al igual que los ciudadanos normales, están llamados a asumir las condenas impartidas por la ley, demostrar con hechos su intención de reparar a los ciudadanos para expiar sus culpas y quedar relevados de sus responsabilidades. Imaginario colectivo no logra entender estratificación de los actores criminales colombianos, paramilitares que pagaron penas alternativas de cárcel, fueron extraditados, mientras guerrilleros van al Congreso con iguales o peores crímenes. Desequilibrio jurídico que sirve de estandarte para seguir eludiendo la entrega de bienes y justificar el incumplimiento con sofismas y cifras falsas, espiral sistemática de compromisos contraídos en el “acuerdo final” que se eluden y exalta un llamado de atención al Gobierno sobre la obligación impostergable de declarar el incumplimiento de la contraparte.
Defensa de la Nación y el patrimonio de todos los colombianos no permite que lo pactado en el Acuerdo quede en letra muerta, testaruda y cínica obstinación de las FARC por incluir predios baldíos del Estado, carreteras y obras de infraestructura que construyeron, en el inventario de capitales, es solo un foco de distracción que torpedea la identificación, ubicación y entrega de los bienes muebles e inmuebles, y dilata la reparación con elementos que no son monetizables, es decir, que no se pueden usar para reparar a las víctimas. Cifras oficiales evidencian que los ex–guerrilleros no han entregado ni la mitad de lo prometido: 17.52 % del dinero en pesos, 100 % de divisas en dólares, 57.38 % del oro, 1.11 % de los inmuebles, 0.94 % de los semovientes, 1.25 % de los vehículos, y 3.50 % de los muebles y enseres.
Distantes de fanatismos exagerados, que no permiten ser objetivos, por absurdo o inconveniente que parezca es momento de aceptar y asimilar las críticas constructivas a los Acuerdos, antes que estigmatizar a los que piensan diferente, como enemigos acérrimos del proceso de Paz, es tiempo de encontrar puntos convergentes que lleven a la unidad Nacional. Proceso de conciliación tiene su base en la argumentación y no en el insulto, la grosería y vulgaridad; inconformismo generalizado en temas importantes, como la JEP –continuidad o cierre–, incumplimiento de las FARC a lo pactado, exterminio de los desmovilizados y las prórrogas constantes del Gobierno a la implementación de lo convenido, deja a la luz diversos puntos de fuga y el incumplimiento constante a más de cuatro años de la firma.
Imperfecto acuerdo de La Habana tiene numerosos defensores, protectores a ultranza que exigen que el Estado les cumpla a las FARC, pero omiten aceptar la negligencia guerrillera para dar cuenta de: caletas y dinero, niños reclutados, bienes y propiedades, rutas del narcotráfico, nexos con grupos terroristas internacionales, ubicación de secuestrados asesinados y desaparecidos, redes de milicias urbanas, e integrantes de comisiones transnacionales. Injustificable asimetría que conmina al cumplimiento del Acuerdo, pero no fustiga el irrespeto a lo pactado, entorno de quebrantamiento al compromiso que entorpece el desmantelamiento del narcotráfico y sustitución de cultivos, lucrativo negocio que conlleva a la disidencia de jefes de estructuras guerrilleras, desertores que evaden la justicia y acreditan una estrategia de distorsión a la verdad desde la acción comportamental de los líderes desmovilizados.
Obligación de los ciudadanos es hacer respetar los acuerdos, buscar la reconciliación y el perdón, pero sin seguir alcahueteando hechos que solo confirman la falta de vergüenza de los integrantes de las FARC. Voluntad popular, desconocida en octubre de 2016, abre nuevamente el debate frente a la verdadera voluntad de paz por parte de los insurgentes, imposición de una justicia solo para favorecer las FARC: curules sin votos, no reconocimiento y arrepentimiento por los delitos, no reparación a las víctimas. 2021 es el año para que la JEP cumpla con su obligación de iniciar incidentes de incumplimiento contra los máximos jefes de las FARC, sin dilatar todos los procesos en su contra; demostrar que aplica una justicia apartada de politizaciones e ideologías, organismo sin aquiescencias con sus comparecientes.
Desde que el acuerdo entró en vigor, hace casi 1.500 días, los líderes de las FARC solo han buscado excusas para no cumplir con las obligaciones adquiridas, burla permanente a las víctimas que por años fueron centro de masacres y asesinatos; biosfera en donde la verdad solo fluye para generar polémicas y hacer política desde el incumplimiento y la impunidad. Grandeza y ejemplo de la moral es no vendar los ojos ante incumplimiento por parte de las FARC y las amenazas disidentes de un brazo armado desde territorio fronterizo. Beneficios judiciales, políticos, económicos y reputacionales otorgados a los firmantes del Acuerdo deben estar atados y circunscritos al cumplimiento de los pocos deberes que tienen los que hasta ahora demuestran su capacidad de re–victimización desde su palabra de bandidos.
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