Solapada firma de los decretos 1779 y 1780 del 24 de diciembre, por parte de la Presidencia de la República, es una vergüenza para los colombianos y el mundo. Mezquindad gubernamental en defensa acérrima del incremento, en la remuneración de los “honorables congresistas”, denota la repudiable mermelada que circula entre el ejecutivo y el legislativo en pro de minimizar el control político y buscar la aprobación de iniciativas en el parlamento. Nuevo esguince a las propuestas de campaña por parte del mandatario no es más que el testimonio de la inoperancia, inexperiencia y flaco músculo de gestión en el poder que acompaña un cuatrienio que tiene más objeciones y dudas que aciertos.
Clase política, para quien el concepto de la palabra ÉTICA se perdió hace muchos años, se escabulle entre los intereses partidistas y económicos que decantan el derrotero de lo que será la campaña de 2.022. Estupidez constante en el actuar procedimental del ejecutivo cimienta la senda discursiva que acompañará la polarización ideológica de caudillos, de las corrientes de izquierda, centro y derecha colombianas, de cara a las urnas. Pérdida de tiempo y energía de la población es caer en las peleas públicas, espectáculo de pantallas mediáticas y sociales, de embusteros legisladores que se rasgan las vestiduras y rechazan el aumento para ganar protagonismo, pero en privado hacen gala de una cortina de humo en la que se burlan del ciudadano, de memoria cortoplacista, que en las próximas elecciones los volverá a reelegir.
Órbita cíclica de cada fin de año explota la critica, ira y enojo del colectivo social con el aumento salarial, burla con la capacidad adquisitiva del sujeto que asume la carga tributaria que proporciona los recursos para honrar el pago de unos sinvergüenzas para los que el trabajo parece un enemigo. Congresistas que poco y nada aportan al país, actores políticos que no son orgullo e inspiración de las nuevas generaciones, hambrientos personajes incapaces de auto-reformarse, reducir los escaños en el órgano bicameral y congelar la asignación salarial de un estamento que les proporciona carros, viajes, escoltas, viáticos, personal y un sin número de prebendas adicionales a cargo del erario. Espiral legislativa en la que trabajar menos es ganar más, absurda realidad en el marco de una coyuntura económica en donde el ciudadano asume las consecuencias de la pandemia.
Populismo barato que lleva a hablar de no recibir un peso del aumento, o que se destinará a una donación, proeza verbal que llama a preguntar cuántos hicieron lo propio con lo que tanto prometieron en medio del confinamiento y las múltiples afujías del pueblo elector. Hipocresía de los agentes políticos colombianos propicia minutos de indignación en los micrófonos mediáticos, pero no prospera en la acción legislativa; Pilatos que aparentan no querer el aumento, pero tienen magistrales intervenciones para declararse impedidos y atomizar la ley anticorrupción o la reforma política. Cinismo administrativo que clama por una reforma constitucional que ponga coto a la verborrea de gamonales atornillados en el parlamento para beneficio propio mientras el colectivo colombiano tiene cada día más problemas y dificultades para salir de esta crisis.
Despropósito de la Constitución y la Ley es una burla y falta de respeto para los colombianos que se matan con su trabajo por sacar a sus familias adelante con los recursos que proporciona el salario mínimo, el cual no alcanza para tener una vida cómoda y sin necesidades. Señal que delinea la urgencia de un cambio profundo en la política nacional, nuevo orden con igualdad y oportunidades para todos en medio de la justicia y paz que tanto anhela el colectivo social. Equidad y simetría que a ultranza defienden humanistas, demócratas alternativos, glaucos y socialistas que activan sus bodeguitas para trinar contra la jerarquía democrática, pero en el accionar diario se aferran a los privilegios que les otorga el capitalismo.
Coherencia y sentido común pide a los congresistas trasladar sus iniciativas de causas sociales, con el incremento de sus salarios, a aprobar todas las propuestas de ley para congelarlos y dar vía libre a los aspectos votados en la consulta anticorrupción. Burla permanente de los legisladores demanda a los colombianos aprender a votar, no olvidar ir al fondo de muchos temas y cobrar en las urnas, en 2022, la sordidez de esos rostros llenos de ambición y codicia por los recursos públicos; muerte política a ruines sujetos que se unen para defender micos y obtener provechos, no para trabajar por el país y sacar avante leyes congruentes con la emergencia, sin cobrar favores.
Desigualdad y brecha económica existente en Colombia, lleva a ver los Decretos 1785 y 1786 de este 29 de diciembre como una humillación para el pueblo trabajador; aumento del 3,5 % es un abuso y completo descaro frente a la erogación parlamentaria. Acto de gallardía política sería que los legisladores cobraran por lo que realmente trabajan, que devolvieran un porcentaje de su salario proporcional a ese discurso colectivista y de pensamiento en sociedad que tanto promulgan desde las figuras egocéntricas que proyectan. Se acerca la carrera electoral y 2.021 será la plataforma para hablar de reformas y leyes anticorrupción, engañar a los votantes, y aún con mayorías nunca aprobar nada. Disciplina y conducta política debe dejar de lado el show y dedicar tiempo a trabajar por Colombia y que las demandas de la reactivación no golpeen tan duro al ciudadano.
Inconveniente es la falta de voluntad política en este momento tan crítico por el que pasan muchas personas que perdieron sus empleos, clase trabajadora que subsiste con un salario mínimo ($908.526) atónita observa los estándares de medición que se emplean, tanto en lo privado como en lo público, para evaluar su desempeño en los diferentes cargos mientras congresistas con sus $ 34.418.133 pasan de agache en su desempeño y laboran menos de 12 meses para justificar semejantes salarios. Mantener el equilibrio entre el poder adquisitivo y proteger y generar nuevos empleos requiere de la gestión de los dirigentes económicos y políticos del país, optimizar recursos no es recortar puestos de trabajo o acrecentar la inequidad que trae la demagogia administrativa.
Condiciones de vida actuales no admiten espejismos encantadores del Presidente que quiere hacer creer que aumento del salario mínimo es el cumplimiento de una promesa de campaña superando el millón de pesos, pequeño detalle que, omite que si bien es acorde a la realidad económica y superior a la inflación, incluye el subsidio de transporte, que no hace parte del factor salarial y no cubre a pensionados. Inconformismo ciudadano antes que centrarse en la capacidad de poder adquisitivo está en el desproporcionado aumento a los congresistas y altos servidores públicos, incumplimiento programático y falta de liderazgo en el parlamento que no contribuirá a reactivar un país que necesita de un estadista que lo conduzca en la peor crisis económica y social en décadas.
Lamentable ver hoy un aumento a los congresistas del 5,12 % ($ 1.676.378) en comparación al 3,5 % ($ 30.723) de los trabajadores de salario mínimo, mano de obra que sostiene la economía y ha puesto la mayor parte de los muertos en la pandemia. Muestra de injusticia está en las necesidades básicas que se cubren con el salario: alimentación, educación, vestuario, vivienda, recreación, salud y demás, elementos que en enero suben y coloca nuevamente al sueldo en las mismas o peores condiciones que el anterior. Pasarán las fiestas de Año Nuevo y se seguirá esperando que salgan de la madriguera los legisladores a seguir en las mismas, esos que se rasgaron las vestiduras el 25 de diciembre y ahora reinan en el silencio.
El gobierno requiere de un cambio urgente en sus comunicaciones y su actuar, política social denota torpeza, pues es políticamente incorrecto anunciar despropósito salarial de los congresistas el 24 de diciembre y a los 5 días dar la estocada a los empleados. Transformación exitosa requiere del balance entre la administración y la innovación, prioridad sin abofetear al ciudadano que debe luchar para pagar sus obligaciones y poder sobrevivir. Populismo sega en el imaginario objetividad para analizar elementos que permitan reactivar la economía y el empleo formal, en medio de las dificultades la prioridad es atender las necesidades del colectivo por cuenta de la pandemia.
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