La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se da cita del 4 al 7 de octubre en Coral Gables, Florida, para celebrar su septuagésima quinta Asamblea General; espacio de reflexión, análisis e intercambio de experiencias en el que salen a flote voces que denuncian una censura por parte del gobierno, la clase política y la sociedad colombiana a los periodistas y medios de comunicación. Escenario de diversas interpretaciones en el que, despojándose de intereses, quedan en evidencia sutiles detalles que hacen presumir que el problema no es de presiones sino del modelo de negocio, las rutinas productivas y la rentabilidad de la industria mediática.

En Colombia, el periodismo siempre ha estado ligado a las instancias del poder político, de las tendencias bolivarianas y santanderistas se pasó a las corrientes liberales y conservadoras con la propiedad accionaria de los grandes medios escritos. Los tiempos evolucionaron y llegó la radio que se aproximó a los conglomerados económicos, historia bastante similar a la televisión y que se reconfigura posteriormente con la convergencia del ecosistema mediático del país.

El periodismo en su papel de fiscalización se ha enfrentado al fenómeno de las guerrillas, el narcotráfico, la corrupción y diversos entornos de la historia nacional. Fenómenos comunicativos que han intentado de una u otra manera acallar las voces de la profesión en Colombia, ejemplos de ello son el asesinato de Guillermo Cano, el suprimir la tarjeta profesional como retaliación al cubrimiento y denuncias del proceso 8.000, por no hablar de las presiones indebidas de gerentes o directores de la industria de la comunicación como ocurrió en RTVC, el indebido llamado de un abogado para impedir la transmisión de un material como le sucedió a Publimetro, o los pronunciamientos judiciales que impiden la emisión de un material en aras de proteger la honra y el buen nombre de personas al margen de la ley, entre otros.

La investigación periodística, la contrastación de fuentes, la publicación de hechos comprobados por lo general fastidia e incomoda las políticas nacionales o a las personalidades dirigentes del país, pero a su vez en ciertos momentos también toca las fibras de los grupos ilegales; instancias del poder social y armado que ejercen presión sobre los cuadros directivos de la empresa mediática y cobra la salida de los profesionales de la comunicación. Hecho reprochable desde todo punto de vista que dista de lo promulgado en el artículo 20 de la Constitución Nacional que garantiza la libertad de expresión y difusión de pensamiento y opiniones.

La ley dice que no habrá censura en el territorio colombiano, pero el miedo a la verdad o enfrentar situaciones incómodas conlleva a que ilustres personajes como Juan Pablo Bieri impida que un equipo periodístico aborde libremente una entrevista al presidente Iván Duque Márquez o busca la salida de Santiago Rivas por hacer público su concepto sobre la Ley TIC.

Situación escandalosa y preocupante por presentarse en un medio público, pero que no dista de lo ocurrido con Daniel Coronell en Revista Semana por un reclamo justo al medio por abstenerse de publicar una información de trascendencia, la salida de Vicky Dávila de La FM por presiones del gobierno de Juan Manuel Santos al hablar de la “Comunidad del Anillo” o el retiro de Edgar Artunduaga de Caracol Radio en la presidencia de Andrés Pastrana Arango por incomodar al mandatario con sus comentarios mordaces e irritantes.

Regulación soslayada de los medios que intenta poner una mordaza a la verdad como lo hicieron, a través de sus Ministros de Comunicaciones, Julio César Turbay Ayala en febrero de 1980, en la recordada toma guerrillera de la Embajada de República Dominicana en Bogotá, o Belisario Betancur Cuartas en noviembre de 1985, durante el holocausto del Palacio de Justicia.

Influencia gubernamental silenciada u oculta por los medios en pro de una relación diplomáticamente correcta con el dueño del espectro electromagnético, bien público e inajenable por el que circulan las señales de la radio y la televisión; vínculo semejante al que se tiene con anunciantes que realizan importantes inversiones de pauta, dinero que activa la dinámica funcional de la industria mediática.

En lo corrido de 2019 esa convergencia, medios e industria nacional, se ha ralentizado aún más, la economía atraviesa una importante recesión al tiempo que los medios pierden presencia e impacto en la agenda de consumo de las audiencias. Replanteamiento del escenario estratégico que ha traído consigo el despido masivo de periodistas, más de 320 este año –varios de ellos de El Tiempo, del cual es propietario el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo–; voces disidentes y golpeadas que hablan de censura, un periodismo en crisis, opresión para crear una visión uniforme del país e invitan a no estudiar esta profesión. Craso error que minimiza la situación y como el adagio popular demuestra que el problema no está en el sofá.

A comienzo de septiembre el gerente de NTC, Jorge Acosta, sorprendió a los colombianos anunciando, en la propia emisión de Noticias Uno, que el noticiero no estaría al aire a partir de enero de 2020; lamentable situación que golpea al periodismo, la independencia y la multiplicidad de voces en el escenario informativo, pero que dista de la censura que tanto han promulgado los fanáticos seguidores que no pasan de mensajes en redes sociales y acusaciones injuriosas o señalamientos, faltos de pruebas, contra el gobierno o el partido Centro Democrático. Como bien lo dijo Jorge Acosta en su pronunciamiento fue una determinación empresarial ceñida a argumentos económicos a consecuencia de la crisis general de los medios de comunicación, propia de un espacio de nicho que no supera el 0.6% de rating, menos de doscientas mil personas.

Los medios son un negocio, al igual que todas las empresas deben lograr un punto de equilibrio y retorno de la inversión. NTC como CM& y demás inversores del Canal 1 apostaron por hacerse al tercer canal privado del país y asumieron las consecuencias de emprender la titánica aventura de competir a los grandes conglomerados económicos de Colombia, propietarios de Canal Caracol y Canal RCN.

Competencia entre actores del mercado que saca a flote un abuso de posición dominante que asfixia la posibilidad de un acceso libre y equilibrado a la pauta por parte de una iniciativa independiente; crisis que se agudiza con el retiro comercial, a Noticias Uno, del Grupo Aval –conglomerado financiero controlado por Luis Carlos Sarmiento Angulo– y hace recordar lo vivido por el Noticiero de las Siete, a mediados de los 80, cuando, su director era Juan Guillermo Rios y, debió afrontar el señalamiento de Fabio Echeverri, presidente de la ANDI, que pidió a los empresarios, antes de pautar, cerciorarse de la posición correcta del medio ante las instituciones democráticas del país.

Los números, en determinados momentos suelen ser crueles, ajustados a los intereses de un socio inversor que conllevan a tomar decisiones operacionales no populares que garantizan la sostenibilidad a largo plazo: concentrar esfuerzos en productos representativos de la parrilla de programación –como es el caso de Canal 1– o priorizar el pago de recursos periodísticos –tal y como aconteció con los audio columnistas de Caracol Radio–. Situación compleja, ligada al rating y la rentabilidad financiera, que llama a dejar de lado egos y banalidades para defender el periodismo de la marginalidad y la mediocridad a la que lo quieren conducir algunos miembros de la sociedad colombiana; romper con el monotematismo acusatorio que propician ataques indiscriminados contra medios y que no permiten el ejercicio libre del periodismo como le ocurrió a la profesional, Sara Agudelo, de RCN Televisión en la marcha de estudiantes este 27 de septiembre.

La fusión de redacciones, el ‘crowdfunding’, la optimización de tiempos y recursos, el responder a las necesidades informativas del país con un periodismo serio e investigativo de calidad piden reconfigurar el modelo de negocio y las rutinas productivas de la industria informativa para abordar de una manera diferente la noticia. Las nuevas plataformas son el escenario que permite la presencia y protagonismo de diversas voces, lo que es sano para la democracia. Como industria los medios están en crisis porque se han demorado en reinventarse, hoy viven la consecuencia de no acomodarse a un nuevo esquema productivo; flaco favor se hace al reducirlo a señalamientos de censura, tratar de socializar pérdidas, como lo hicieron los bancos en el momento del 2×1.000. Es momento de repensar el negocio para una audiencia de pantalla móvil acostumbrada al contenido gratuito.

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