Cada día salen a la luz pública mayores evidencias de una justicia politizada y que actúa en favor de los bandidos, pareciera que los actos, “ajustados al derecho” por parte de los jueces, al soltar delincuentes capturados en flagrancia, darle casa por cárcel a sujetos que son un verdadero peligro para la sociedad, ser anuentes con la reincidencia de los malhechores, entre otros factores, son una estrategia política para desprestigiar el sistema y el gobierno, así este no tenga nada que ver. Espiral ciudadana circundada por una reiteración de noticias que exaltan la impunidad, el vencimiento de términos, la restricción domiciliaria para indeseables personajes, es la que propicia que se rebose la copa y el pueblo comience a tomar justicia por mano propia. Moral del país está a la merced de ladrones y asesinos, problema de la justicia, e ideologización de partido de las cortes, llama a pensar una reforma de raíz al aparato jurídico de la nación.
Ajusticiamiento de dos menores de edad extranjeros a manos de desconocidos, asesino de un policía en libertad, perpetrador de violencia intrafamiliar y de género al que se le otorga prisión residencial, o ladronzuelos de cuello blanco que felices siguen robando las arcas del erario, son el fiel reflejo de la degradación de una sociedad en la que sin el menor sonrojo exguerrilleros, que han participado en masacres, secuestros, narcotráfico, extorsiones y demás delitos, se ven después de unos años como senadores y hasta candidatos presidenciables. Claro mensaje implícito, de apología al delito, es el que posiciona en el imaginario colectivo, que en Colombia se puede hacer lo que sea, y entre más malo mejor, pues todo se perdona y no tiene el menor castigo. Peligrosa premisa toma carrera en el país, los victimarios tienen más garantías que la víctima; se está avalando desde el estamento judicial el delito y la invisibilización del derecho a las víctimas.
Tristemente se observa que hoy en Colombia priman los errores de procedimiento sobre la justicia, el vencimientos de términos, las capturas con pruebas que no son suficientes, la casa por cárcel para quien no puede controlar su ira; implicados que hacen parte de la clase poderosa y corrupta que, en compañía de abogados leguleyos, mueven los hilos de las leyes a su antojo y conveniencia. Servidores públicos lacayos del crimen son los que conducen a la inviabilidad de la nación, un país sin justicia nunca tendrá paz y desde esa confrontación difícilmente conseguirá prosperidad. Mientras los jueces sigan llegando a sus puestos por recomendaciones, y no por méritos, se seguirá observando un estrado en el que se aplican códigos penales para ángeles que cohonestan con la impunidad, decálogos jurídicos para favorecer a unos cuantos y encumbrar a los delincuentes que reinciden y contra quienes nadie puede hacer nada.
Complejo escenario es el que transita Colombia en donde todos ven las injusticias, pero los jueces se jactan en decir que acá no ha pasado nada y nadie ha visto algo al margen de la ley. Delitos que hacen parte de la agenda diaria son la consecuencia de un núcleo jurídico en el que para impartir justicia hay millares de procedimientos e investigaciones, pero muy pocas sentencias. La impunidad reina y la fuerza pública no puede hacer su trabajo porque se encuentra amarrada de manos por parte de un poder jurídico infiltrado por la corrupción y el dinero. Lastimada está la credibilidad del colectivo social en la aplicación de la justicia en Colombia, son múltiples los ambientes en donde los corruptos siguen delinquiendo desde las cárceles o sus casas, se está en medio de un círculo vicioso en donde no hay quien pueda garantizar la libertad y el orden que debe regir en un estado social de derecho.
La realidad no se puede desdibujar ante las mentiras que buscan imponer quienes cometen delitos y siguen en las calles por algún tecnicismo; Colombia está plagada de personas intocables para ser investigadas; es evidente el afán de crear un culpable en cambio de buscarlo, mano firme que se pide contra los criminales debe estar conexa a espacio en los centros de reclusión para una efectiva captura de los delincuentes, zonas de resocialización que no alimenten el hambre de venganza que retorna a las calles seres con mayor violencia. La nación está gobernada por la impunidad, se cayó en un hoyo negro en el que se presume que quienes violan, roban y asesinan lo hacen de buena fe; exceso de fuerza es el resultado de un país desbordado en el que hace mucha falta una política seria que estructure inversión en proyectos sociales, educación y salud.
Violencia, desempleo, hambre, impunidad, inequidad, exclusión, corrupción, nepotismo, amenazas, miedo, ilegalidad, racismo, machismo, crueldad, desinformación, burocracia, señalamientos, asesinatos, incompetencia, desafección, son sinónimo de la desigualdad que se solidifica al interior del colectivo social en un país de activistas, digitales y mediáticos, disfrazados de independientes que apoyan a violadores, terroristas, asesinos y ladrones para venderlos como prototipos de la ciudadanía. Entorno de inequidad en el que solo se castiga a los de abajo y a los astutos de corbata se les concede enormes beneficios, aún cuando desfalcan a Colombia y se roban el futuro de la gente. Nación de doble moral donde cada vez se cometen peores delitos, obligando a la comunidad a defenderse y tomar la justicia por sus propias manos.
Enmarañado futuro espera a Colombia si los encargados de impartir justicia siguen el tenebroso camino de sobreponer intereses personales e ideológicos sobre el beneficio general, se requiere una profunda reforma a la justicia que incluya una revisión extrema a la formación ética que reciben los estudiantes de derecho; no es posible que los jueces se mantengan en excusas infames para sustentar sus aberrantes decisiones. Magistrados, jueces, comisarios y demás encargados de impartir justicia son los responsables, por el tipo de decisiones que están impartiendo, de las re-victimizaciones, y hasta feminicidios, que tanto aquejan a la nación. Es increíble que los criminales gocen de todas las garantías y las víctimas sean ignoradas o terminen siendo procesadas por ejercer el legítimo derecho a la defensa.
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Hay que llamar las cosas por su nombre, atreverse a decir con entereza que lejos del anhelado fin del conflicto, firmado en La Habana, se ha seguido en guerra y la brecha que divide a la sociedad es cada día más profunda. Las leyes no evolucionan a favor de las reales víctimas, porque a diario son más los casos que quedan en la impunidad que los que se resuelven de manera correcta y justa; trabajar por mejorar el cumplimiento de la ley es una necesidad. Las leyes del país están dictadas por los mismos que las quebrantan, no se puede seguir vendiendo sueños e ilusiones diciendo que serán realidades, lo único que se ve en el ambiente es corrupción disfrazada de “elefantes blancos” sin que al menos por respeto haya una respuesta sería a los reclamos de la comunidad.
La indolencia de quienes matan niños, protesta ciudadana en las calles con estrategias “inteligentes”, la perversidad de quienes queman casas de cartón para presionar desalojos, la hipocresía de gobernantes sin alma y la indiferencia de la “gente de bien” solo es el reflejo de la indolencia de un país en donde las noticias son flor de un día. Corrupción y desinterés de la clase política y las instituciones estatales por sus ciudadanos hace saber que en Colombia la política sigue basándose en peleas y en profundizar las diferencias. Hay que dejar los extremos y las posiciones radicales, construir puentes y encontrar puntos en común para recobrar la base de una democracia que a todas luces perdió su rumbo; Colombia es un país donde vivir cada día es mas complicado, y todo por la mezquindad y avaricia de unos pocos, y la ceguera e ignorancia de muchos.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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