El país comienza a contrastar la fantasía del discurso de campaña con la cruda realidad que trae consigo el ejercicio del poder, anhelada transformación de la nación se ve impactada por la mezquindad que acompaña a los múltiples actores del conflicto más antiguo del continente. Ausencia de un marco jurídico que de piso, al perdón social, que se tejió desde la contienda electoral, se complejiza con la apuesta de una reforma tributaria que está delineada para empobrecer a la clase media y trabajadora ahuyentando la inversión empresarial de la geografía nacional. Mitomanía que asiste a su mandatario, en cada acto de su vida pública, denota que una fue la postura que se esgrimió para engañar a todos y otro será el devenir en temas coyunturales como se vio en la OEA frente a Nicaragua o el restablecimiento irrestricto de relaciones con el régimen dictatorial de Venezuela.

Preocupante resulta para los colombianos que aquello que hizo Hugo Chávez Frías, en su quinto año de gobierno, su presidente lo está replicando en el país, antes de sus primeros 30 días en la Casa de Nariño. Sangre que ha corrido en las masacres de los últimos días invita a revisar la causa coyuntural del problema y no desviar la atención sobre hechos superfluos. Indignación que develan, porque se les culpa de lo que ahora ocurre, nubla la memoria de los militantes y fanáticos del Pacto Histórico que no recuerdan cómo hace cuatro años se daba una triangulación similar de factores y ellos asistían la responsabilidad total a la administración entrante. Doble moral de la izquierda política colombiana es la que propicia una estrategia de guerra de guerrillas para calar un discurso que pobres y ricos quieren escuchar, situación social que, más temprano que tarde, se constituirá en bomba del caos que ellos crean para atornillarse y no salir del poder ejecutivo de la nación.

Política de desarme, desmonte y metamorfosis de la fuerza pública que se consuma en estos días indica la confección del pasaporte perfecto para que la delincuencia se envalentone y busque los puntos de fuga para enriquecerse de forma “lícita”. Producto del negado pacto de La Picota, Colombia asiste, en este momento, a la construcción de un gigantesco hueco donde se camuflará el perdón y olvido para un sinnúmero de bandidos y se avalará un lavadero de activos mayor al que se propició, con el pacto de La Habana, con las FARC. Secuencia de actos con que su presidente arrodilla al estado, a criminales y terroristas, termina por propagar una muletilla de paz total que quiere llegar al sentimentalismo populista de muchos, mientras se paga los favores recibidos a quienes movilizaron los electores en las zonas coyunturales del conflicto armado en el país.

Despertar de un hermoso amanecer que se prometía, con la elección de su mandatario, se desdibuja al evidenciar que está distante el poder salir sin miedos, el tener un trabajo digno y estable, contar con una educación de calidad gratuita, poseer una vivienda, y recuperar un sistema de salud equitativo, que son derechos básicos de la población humana. El vivir en un país con oportunidades para todos, en donde se respete las diferentes culturas, es una utopía infundada por un colectivo político que con benevolencia expone su debilidad para afrontar con firmeza el terrorismo, por ello Colombia da un giro de 180º a la seguridad nacional e impone la impunidad para criminales y narcotraficantes. Sofisma de distracción, a los problemas que ya se le salen de las manos a la administración Petro Urrego, resulta ser el apoyo a dictaduras genocidas como las de Nicaragua y Venezuela.

Propuesta de un perdón social que está acompañada de la ausencia de una justicia con reparación, que garantice condenas con cumplimiento de penas y extradición a quien le corresponda, señala que no se aprendió del pasado, una vez más se pondera la fantasía populista en la que se ofrece al delincuente dejar de lucrarse millonariamente del conflicto y el narcotráfico a cambio de un escaño en el Congreso. Cheque en blanco que se está ofreciendo al ELN, Paramilitares, BACRIM, el Clan del Golfo, y demás actores de la delincuencia, son el deterioro progresivo de la capacidad de las fuerzas militares y policiales para abrir paso a “zonas de paz”, idénticas a las que pactó Hugo Chávez Frías con grupos al margen de la ley, para que sean su primera línea en el caso hipotético de que se presente un ruido de sables a lo largo de este cuatreño.

Grave riesgo al futuro en convivencia pacífica, para fomentar la industrialización y atraer la inversión a Colombia, será un estado sin ley en busca de una paz total. La paz es un proyecto con un camino complejo que no puede ser impuesto arbitrariamente, lección aprendida del imperfecto acuerdo de La Habana es que una paz mal construida es el principal motivador de la violencia, y atiza la polarización y el conflicto social. Los colombianos deben aprender a escucharse con dignidad, respetar al otro desde sus diferencias, para avanzar en conjunto hacia un país con libertad política, económica y social. El abrir vía a la legalización de la producción y comercialización de los estupefacientes, como lo manifestó abiertamente su presidente, es dar tránsito a la normalización de un flagelo ilegal, poner a circular los dineros que hay en las guacas que nunca entregaron los ex-FARC, dar vida al narcoestado del que tanto despotricaron y ahora apoyan en pro de la construcción de tejido social.

El peor temor que se tenía con la victoria de su mandatario se está haciendo realidad, no por la paz que todos desean, sino por la utilización de esa paz para entregar el país al narcotráfico, las bandas organizadas y la guerrilla. Un estado doblegado al crimen solo trae consigo la generación de más violencia que se lleva de la mano a miles de inocentes, justicia a propia mano que se está normalizando al lado de los asesinatos, extorsiones, desplazamientos, ocupación de tierras en todo el territorio nacional tendrá un costo financiero y político que difícilmente permitirá enderezar el rumbo de la nación hacia el progreso, la justicia, la salud, la seguridad y el trabajo para todos los colombianos. El caos, el odio y la violencia, que propagaron por años los grupos al margen de la ley, no puede ser el estandarte para otorgarles la impunidad absoluta, es increíble que mientras se premia al violento, el buen ciudadano queda inerme ante nuevos grupos que encontrarán perdón y recompensa.

Colombia no puede seguir bajo la tradición de negociar la ley y el estado social de derecho, incentivos a la ilegalidad hacen inviable a un país que navega en la impunidad y renueva las líneas de mando de la criminalidad. Diálogo entre los distintos grupos armados y la sociedad es una construcción que tomará tiempo y debe incluir a las poblaciones más vulnerables. Sueño de una paz total gira en dirección contraria a la corrupción, la arbitrariedad, la historia mal contada, los privilegios que se proponen para grupos criminales y el favorecimiento a dictaduras que dañaron a sus pueblos, como se gesta desde el gobierno de su presidente. El país nunca ha sido un paraíso, pero siempre mantenía la esperanza de un mañana mejor, hoy la impotencia, ante lo que se ve con Gustavo Francisco Petro Urrego dirigiendo los destinos de la nación, ha derribado gran parte de ese optimismo que siempre estaba allí brillando entre la penumbra.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.

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