El Día Internacional del Trabajo: fecha insignia de la fuerza trabajadora, que data su origen en 1886 cuando el sector sindical norteamericano luchó por conquistar el derecho de todo empleado, para que su jornada de trabajo laboral diaria no supere las ocho horas, de manera que queden ocho para dormir y ocho para el esparcimiento, llama a centrar la mirada en el futuro próximo del mercado obrero y profesional de la industria colombiana.

COVID-19 y el aislamiento sumen al sector empresarial en una profunda crisis que, tras la frase de “a Dios rogando y con el mazo dando”, trae un coletazo de grandes proporciones en los índices de desempleo, la relación empresa–trabajador y el poder adquisitivo de los colombianos.

Antes de la coyuntura, del confinamiento, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, ya alertaba por un incremento del desempleo, 12.2%, en el territorio colombiano. Aumento porcentual constante que impactaba de manera principal y directa el sector del comercio, la educación, la salud, la manufactura, la agricultura y las entidades públicas; cifras preocupantes que ya señalaban la mayor tasa de desempleo en Quibdó, Ibagué y Cúcuta que superaban el 18%, en contraste con Barranquilla y Cartagena que estaban cercanas al 9% o Bogotá, principal núcleo poblacional del país, que registraba el 10.8%

Escenario que se agrava al saber que, en marzo, primeros días del aislamiento, la tasa de desempleo alcanzó el tope más alto en los últimos 10 años, 12.6%; 2.9 millones de desempleados que hacen complejo lo que está por venir en el territorio colombiano. Alarma latente que se recrudece, y hace complejo el panorama, con el freno en seco que tuvo la actividad productiva, a consecuencia del aislamiento decretado por la administración de Iván Duque Márquez. El efecto de la cuarentena impacta las finanzas de los empresarios que luchan por subsistir en el ecosistema productivo nacional, saben que deben replantear su modelo de negocio y rutinas productivas.

Entorno oscuro para la fuerza laboral que en diciembre hacía frente a un 9.5% de desempleados, cifra que estimuló en enero, 13%, y ahora asume, con fuerza, los efectos del confinamiento derivado del COVID-19. Afectación directa que tendrá sus consecuencias, a corto plazo, en el índice porcentual de ocupación de las 20.5 millones de personas que se encuentran empleadas en el último reporte del DANE. Efecto preventivo que contrae la economía y tiene un impacto social sobre el empleo, convergencia de factores que llaman a delinear un plan de acción para hacer frente a la recesión que se vivirá a nivel global y atraer la inversión de actores extranjeros.

El empleo ya ve cómo se aproxima el impacto circunstancial de la reticencia bancaria para facilitar el crédito y subsidios a la mediana y pequeña industria, la peligrosa devaluación de la moneda que encarece la compra de insumos, y la pérdida del poder adquisitivo en todos los sectores. La cuarentena impone a la industria y el gobierno la necesidad de implementar medidas agresivas que permitan reactivar el aparato productivo nacional y evite los despidos masivos. Es claro que el comercio, las empresas del sector hotelero, los restaurantes, la aviación, el turismo, el fútbol, la industria del entretenimiento, entre otras ya analizan medidas para acotar el peso del costo laboral.

Recesión de contratos, licencias no remuneradas, vacaciones obligatorias, indemnizaciones, reducción salarial están a la orden de una tensa relación de la industria con sus empleados, entorno de pérdidas que atiza el desespero y vulnerabilidad de la fuerza laboral del país. Contexto que saca a flote la necesidad de revisar la estructura de la industria colombiana y el cómo se otorgan beneficios por parte del Gobierno para atenuar el déficit que ahora la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, quiere socializar con el Estado y los trabajadores. “Brillante idea” que fue calificada de sinsentido, ni presentación, por parte del presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, para quien la estrategia para mantener el empleo y garantizar los recursos para el pago de nómina debe estar concentrada en el mandatario, Iván Duque Márquez, y el sector bancario.

Estado de emergencia en la supervivencia empresarial que pone en evidencia un detonante social sin referentes en la historia laboral colombiana. Es urgente un plan de choque inmediato en la economía que atienda el costo, a corto, mediano y largo plazo, del alto porcentaje de informalidad que acompaña el empleo nacional. Flujo importante de vendedores ambulantes, migrantes y comerciantes informales que viven del rebusque y ensombrece el panorama de las cuestionadas cifras de desempleo del DANE, pues la pausa laboral obligatoria, a la que ha estado sometida la sociedad colombiana, enciende pronósticos nada optimistas de una tasa de desempleo cercana al 25%, coyuntura que no se vivía desde hace muchos años.

El contexto solo permite prever que se aproxima una contingencia nacional, desvinculación elevada del aparato productivo y una desvalorización de la mano de obra; rÍo revuelto en el que muchos se aprovechan para, desde el esguince a la ley, masacrar a su fuerza laboral y optar por la tercerización del trabajo. Retroceso en el vínculo de la industria con sus empleados que debe ser vigilado y controlado por el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez; horizonte nada halagador que exalta un sinnúmero de incertidumbres que esperan respuestas y acciones contundentes del Estado.

Si bien es cierto que en este momento el colectivo social se debe adaptar a las particularidades del momento, no es menos innegable que la esfera gubernamental debe responder con una política económica que sea consecuente con el costo de producción y el gasto salarial que debe atender la industria colombiana. Normas que, con flexibilidad, apacigüen el pesimismo empresarial, que está en el ambiente, por una apertura gradual que traerá consigo una oferta de bienes y servicios superior a la demanda.

El coronavirus echó al fango todo tipo de proyecciones que se tenían, el decrecimiento de la economía, el hueco fiscal y la imperiosa necesidad de otorgar subsidios llaman a aunar esfuerzos para reactivar la industria y con ella el poder adquisitivo del colombiano. El Gobierno, como padre protector, debe priorizar sectores que en el segundo semestre repunten lo nefasto de lo corrido en este 2020, es indispensable la transformación social e industrial en la producción del país, para atender una nueva agenda de consumo que demandan los hogares.

Reconfiguración del esquema productivo que concentra esfuerzos en la construcción y el sector agrícola y textil, pero que debe prestar atención a las pérdidas enormes de las actividades artísticas y de entretenimiento, los restaurantes y bares, el comercio, la educación, el turismo, el transporte, el fútbol, entre otros, que tendrán su impacto en el empleo. No es momento de descontentos sociales, todos están llamados a buscar alternativas a una situación que no tiende a mejorar; la cuarentena ya deja entrever los efectos duros que se vienen para todos en material laboral y de recursos para cumplir con las obligaciones básicas de la familia colombiana.

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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.