Antes del confinamiento, y lo que ha traído consigo el COVID–19, la economía colombiana ya mostraba síntomas preocupantes en diversos sectores del mercado nacional. Inflación, devaluación monetaria, carga tributaria, retracción de la inversión extranjera, desempleo, importante tasa de endeudamiento, entre otros factores, encienden las alarmas del sector empresarial y la fuerza laboral que entrevén un futuro cercano bastante complejo para las finanzas de la sociedad nacional. Volatilidad de un ciclo económico de contracción que poco permite honrar los compromisos adquiridos, y trae consigo un riesgo político y jurídico en la rentabilidad a corto, mediano y largo plazo.

Inminente riesgo financiero en el que la iliquidez llama a sacrificios en el aparato productivo nacional, decrecimiento evidente en donde el costo de oportunidad concentrará la inversión de recursos en actividades productivas de bajo riesgo, con el costo que ello implica para el empleo. Hoy, más que nunca, es necesario remitirse a la Constitución Nacional, artículos 333 y 334, y pedir la intervención del Estado, por mandato de la ley, para racionalizar la economía colombiana con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

La crisis, que ahora se vislumbra, exige la reinvención de la industria para responder a las necesidades primarias del colectivo social. Fortalecimiento de vínculos y relaciones comerciales, nacionales e internacionales, para la producción e intercambio de bienes y servicios; fijar las bases de lo que será el comportamiento colombiano durante la desaceleración económica de la crisis y el transito a recuperar la cotidianidad. Contracción que se afronta de manera adecuada en busca de una pronta expansión, los mercados y tratados de libre comercio conquistados deben servir en este momento para captar la inversión de capital que permita reaccionar y reactivar el sistema empresarial y los focos poblacionales.

Síntomas de recuperación que deben estar concentrados en el sector agrícola y textil, la construcción, el entorno floricultor y los recursos naturales, biodiversidad abundante y rica en la geografía colombiana; multiculturalidad que garantiza variedad de estándares de producción que deben estar acompañados por la banca. Este es el momento en que Colombia debe volcar su mirada nuevamente en el campo, ese mismo que ha sido impactado con infinidad de reformas agrarias, inversión desigual, si se mira por regiones, y que ha afrontado los problemas guerrilleros y de narcotráfico que tanto han marcado al conglomerado social colombiano.

La constitución de una sociedad más avanzada es un reto enorme, e implica concertar esfuerzos del sector laboral, empresarial y educativo. La situación actual del país demanda una mayor competitividad de las organizaciones tanto del sector público como privado, y esta, a su vez, depende en gran parte de la capacidad de sus empleados, trabajadores y dirigentes para ofrecer bienes y servicios de calidad que respondan satisfactoriamente a las necesidades y expectativas de la ciudadanía en general. La educación como transformadora de un recurso, el talento humano, incide claramente en la formación de ese mercado laboral.

Enseñanza asociada a temas productivos, sin sesgos de estatus, que permita a las personas acceder a una nueva esfera; pasar del proceso de instrucción a la formación permanente del sujeto en un contexto social y cultural donde priman las competencias, el saber ser y hacer al interior de un área específica del quehacer profesional. Para lograr el desarrollo sostenido que el país requiere, es necesario contar con instancias productivas eficaces y eficientes; una sociedad conformada por un capital humano que se supera permanentemente y está apto para desempeñarse en una economía dinámica y cambiante, personas que disponen de alternativas para crecer en todos los sentidos, está llamada al éxito.

La coyuntura del momento requiere no propiamente de una reforma tributaria como propone el ministro, Alberto Carrasquilla, sino de un ordenamiento jurídico que reevalúe la estructura de impuestos aplicada en Colombia. Estructura social y tributaria ajustada a la realidad de inversión del estado y la capacidad de ingresos que tiene la familia nacional. Esquema de recursos que permitirá la transferencia y apoyo económico por parte del estado a los sectores sociales desfavorecidos, comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, localizadas en ecosistemas ambientalmente estratégicos, incluyendo zonas amortiguadoras, que estén afectadas o en riesgo.

La economía colombiana lanza un S.O.S., peligro inminente que pide subsidios para sectores estratégicos del ecosistema industrial, tejido social de la nación que apuesta por una política de ¡todo o nada! Algo moderado, no sirve. Círculos sociales y empresariales del país delinean un esfuerzo desesperado por socializar pérdidas de la pequeña y mediana industria, el fútbol, los bares, entre otros sectores, que dejan de lado su prepotencia, de otras épocas, para sacar la totuma y pedir el apoyo y protección del ente estatal.

Importante encrucijada en la que se encuentra el equipo económico del presidente, Iván Duque Márquez, que debe hacer frente a la reactivación financiera del país y atenuar el desempleo. La pérdida de empresas trae consigo un hueco fiscal que impacta diversos sectores del entramado económico nacional y la capacidad adquisitiva del ciudadano, flujo de capital que asfixia el sistema mercantil y acrecienta el problema de financiación que el sistema bancario no quiere asumir, pese a que el colectivo social le dio una importante mano en los años 90 para salvarlo de la quiebra.

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