El inicio del año también marcó el arranque del cese al fuego bilateral que anunció el Gobierno de Gustavo Petro con cinco grupos armados, lo que significaría que unos 15.000 hombres alzados en armas suspenderían acciones violentas en el país, de acuerdo con cálculos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El cese incluye a la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central; el ‘Clan del Golfo’ o Agc y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, que agrupan en suma a unas 80 estructuras, entre frentes y columnas.
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Aunque la presencia de estos grupos armados alcanza la mayor parte del país, el Observatorio de Derechos Humanos y conflictividades de Indepaz identificó 10 focos de interés, ubicados en 14 departamentos, donde el cese impactaría satisfactoriamente porque allí se identifican altos índices de hechos violentos y una permanente confrontación.
Según el mapa, Antioquia es el departamento que más se beneficiaría de este cese al fuego bilateral, porque sus regiones de Bajo Cauca y Urabá concentran acciones de los cinco grupos armados ilegales con los que se acordó el cese. El sur de Bolívar y Córdoba también podrían vivir un ambiente de restablecimiento humanitario. En esta zona el conflicto se agudizó por la fuerte actividad de grupos armados como el ‘Clan del Golfo’ o Agc que asumieron el control territorial.
Las regiones fronterizas de Catatumbo (Norte de Santander) y Sarare (Arauca), que está compuesta por los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, hacen parte de los focos de impacto de esta decisión porque es una de las principales zonas bajo el control del Eln. Del lado nortesantandereano hacen presencia las disidencias de las Farc, especialmente el comando Danilo García de la Segunda Marquetalia, que bajo el mando de Iván Márquez han buscado acercamientos con el Gobierno de Petro luego de su posesión como presidente.
La costa Pacífica, desde Chocó hasta Nariño, concentra la mitad de las zonas claves que se beneficiarían de esta decisión y donde los cinco grupos armados han perpetrado afectaciones y violaciones a los derechos humanos de la población civil. Una de las regiones más afectadas por la situación humanitaria es el Triángulo de Telembí, donde se han producido masivos desplazamientos de población de los municipios de Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán y Tumaco.
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“En los municipios de Olaya Herrera, La Tola, Magüí Payán y Roberto Payán, la confrontación se da entre la Segunda Marquetalia —por medio del Bloque Occidental Alfonso Cano y la Columna Móvil Ariel Aldana— y el Frente Franco Benavides, que hace parte del Comando Coordinador de Occidente (Cco), esta última, se enfrenta también en Roberto Payán con el Frente Comuneros del Sur del Eln”, dice Indepaz.
¿Dónde están y cuántos son?
Según registros de Indepaz, el ‘Clan del Golfo’ o Agc está presente en 279 municipios, mientras el Eln en 91; convirtiéndose en los dos grupos con más control territorial del país. También tienen los ejércitos con más combatientes: más de 5.000 personas hacen parte de las filas del ‘Clan del Golfo’ o Agc.
Esta estructura paramilitar, derivada de las Autodefensas Unidas de Colombia, es una de las más grandes y con mayor presencia en el país. Su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, fue capturado en octubre del 2021 y extraditado en mayo del 2022. Al mando quedó Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como ‘Chiquito Malo’.
Las Disidencias de las Farc del Estado Mayor Central, que son principalmente las de ‘Iván Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’, se estima que tienen más de 5.000 combatientes; mientras que la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, no supera las 2.500 personas. Los primeros se retiraron antes de la firma del Acuerdo de Paz, argumentando que con este pacto no se resolverían los problemas generadores del conflicto en el país; y los segundos, bajo el mando de Iván Márquez, aseguraron que el Estado había traicionado el Acuerdo de Paz tras varios intentos de entrampamiento.
El grupo más pequeño son las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) que, según los datos recopilados por Indepaz, tienen 200 hombres en armas. Sus raíces provienen del extinto Bloque Resistencia Tayrona, el cual se desmovilizó en febrero de 2006 y estaba comandado por Hernán Giraldo Serna, más conocido como el Señor o el Patrón de la Sierra, a quien consideran el líder natural e histórico de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El otro grupo que se sumó a este cese es la guerrilla del Eln, que tiene 3.500 hombres en armas y es considerada la última guerrilla de Colombia.
De los cinco, es el único grupo que tiene una mesa de diálogos que se reinició el pasado 21 de noviembre con el Gobierno de Petro. Las negociaciones se habían detenido con Iván Duque, tras el atentado de la Escuela de Policía General Santander el 17 de enero de 2019. Durante el 2023 la mesa deberá discutir el tema de la participación civil y alivios humanitarios, cuando se inicie el segundo ciclo de negociaciones en México.
Leonardo González, coordinador del Observatorio de DD. HH. y conflictividades de Indepaz, resaltó que muchos de los grupos armados están articulados con pequeñas bandas criminales, razón por la cual la cifra de combatientes podría aumentar. Este aspecto también debe ser revisado entre los acuerdos del cese al fuego bilateral, recomendó.
“Muchos de los grupos armados se han caracterizado por tercerizar todas sus actividades; es decir, tener contratos con pequeños grupos, con bandas locales especialmente. Entonces hay que ver cómo se va a garantizar que el cese al fuego también vaya a ellos, qué pasará si existe una violación por parte de estas bandas. Es una de las preguntas que se debe aclarar con el Gobierno y el grupo armado”, resaltó el coordinador del Observatorio de Indepaz.
Aún quedan muchas dudas por resolver sobre el procedimiento y el proceso de verificación que estará en manos de la Defensoría del Pueblo, Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y la Iglesia católica.
Justamente esta última dio a conocer ayer un comunicado de prensa en el que aseguraba que el cese era una “señal positiva y esperanzadora” para terminar con la violencia. Además, indicaba que la “participación de las comunidades, liderazgos y autoridades locales sería de vital importancia”.
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