Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por pulzo   Abr 8, 2026 - 10:36 pm
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Las comunidades indígenas del departamento del Cauca atraviesan por uno de los periodos más críticos de violencia desde la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Sus integrantes, en particular el pueblo indígena nasa, han advertido insistentemente que “los están matando”, una afirmación que se respalda con datos alarmantes. Según Naciones Unidas, en lo que va de año ya son 52 las personas asesinadas en territorio nasa, además de 74 amenazas de muerte y nueve ataques directos registrados. Tal panorama, lejos de ofrecer esperanza, profundiza la preocupación sobre la seguridad y el futuro de estos pueblos.

La magnitud de la tragedia ha provocado respuestas institucionales y sociales. La Iglesia católica, por ejemplo, a través del arzobispo de Popayán, monseñor Luis José Rueda Aparicio, organizó una peregrinación simbólica hacia Tacueyó, localidad afectada por una masacre reciente, y llamó a que en todo el país las iglesias repicaran sus campanas al mediodía. Este gesto buscó llamar la atención sobre la gravedad de la situación e insistir en la protección de la vida como un valor fundamental. Las acciones y comunicados evidencian el nivel de dolor e indignación que recorre la región.

La semana más reciente ha acentuado esa sensación de retroceso a los días más oscuros del conflicto armado colombiano. Se produjo una serie de hechos violentos: masacres en Toribío y Corinto que dejaron cinco indígenas y cuatro trabajadores civiles muertos, enfrentamientos entre el Ejército Nacional y la disidencia Dagoberto Ramos, y el confinamiento de más de 300 familias. Todas estas acciones han sido atribuidas por las autoridades y las propias comunidades a grupos disidentes de las antiguas Farc, especialmente a quienes buscan controlar el territorio tras la salida de la guerrilla formal.

La crisis siguió agravándose. Tras los combates, la Unidad Nacional de Protección (UNP) reportó el secuestro de Fabián Eduardo Rivera, escolta del líder indígena Bernardo Ciclos, quien luego fue encontrado sin vida, también en manos de disidentes. El asesinato de Rivera ocurrió en el mismo lugar donde previamente se perpetró una masacre que costó la vida a seis personas, entre ellas la candidata a la alcaldía de Suárez.

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Los ataques a miembros de la UNP continuaron, y el presidente Iván Duque atribuyó estos hechos al narcotráfico y a organizaciones armadas residuales, indicando que el aumento de cultivos ilícitos agravó la violencia en la región.

Sin embargo, tal argumento palidece ante el escenario diario que enfrentan los habitantes del Cauca. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), luego del asesinato de Fabián Rivera, la violencia continuó con nuevos homicidios y atentados: Alexander Vitonás Casamachín, joven indígena de 18 años, fue asesinado en Toribío; el coordinador de la Guardia Indígena de ese municipio, Arbey Noscué, sobrevivió a un atentado armado; y el comunero Jesús Mestizo, fundador de una asociación indígena, fue también asesinado. Todos estos hechos se suman a ataques constantes a la guardia indígena, como ocurrió en Corinto, donde dos jóvenes resultaron heridos.

El trasfondo de esta ola de violencia es la disputa territorial impulsada por el narcotráfico. Diferentes grupos armados —entre ellos el Clan del Golfo, estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln), Los Pelusos y disidencias de las Farc, respaldadas por intereses del cartel de Sinaloa— buscan controlar la región, ahora convertida en escenario de enfrentamientos por rentas ilícitas. A pesar de la promesa presidencial de incrementar la presencia militar enviando 2.500 soldados, Naciones Unidas advierte que resolver el conflicto en el Cauca demanda mucho más que despliegues militares.

El pueblo nasa, que ya vivió décadas de guerra con la presencia de la guerrilla, enfrenta hoy la amenaza renovada de múltiples actores armados. El presidente Iván Duque, en un consejo de seguridad especial en Popayán, afirmó que el narcotráfico era el principal enemigo del país y de los pueblos indígenas, y prometió proyectos de desarrollo rural como alternativas a la violencia. Sin embargo, para las comunidades afectadas, estas promesas requieren materialización urgente para frenar el desangre de la región.

¿Qué es la Guardia Indígena y cuál es su importancia en el Cauca?

La Guardia Indígena es una estructura comunitaria compuesta por hombres y mujeres indígenas encargados de proteger a sus comunidades y territorios en el departamento del Cauca. De acuerdo con la información suministrada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y líderes sociales citados por varios medios, los miembros de la Guardia Indígena únicamente portan bastones y no armas de fuego, lo que los convierte en un símbolo de resistencia y defensa pacífica frente a la violencia que azota la región.

Su labor ha cobrado mayor relevancia después de la firma del Acuerdo de Paz, pues el vacío dejado por la salida de las Farc fue ocupado por nuevos grupos armados ilegales, incrementando los riesgos para la población civil. La Guardia Indígena representa una alternativa de autodefensa y de cohesión social ante el abandono estatal y la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de los pueblos originarios del Cauca.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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