Las precisiones del director del Invima aportan claridad precisamente en el momento en que el Gobierno Nacional dio a conocer el plan de vacunación que pretende abarcar a 35 millones de colombianos.

Ante la avalancha de información (y de desinformación) sobre cómo se va a proceder con la vacunación para contener la pandemia del coronavirus, después de que el Invima autorizó en Colombia el uso del medicamento desarrollado por Pfizer, ha surgido la idea de que algunos podrían esperar a comprar la vacuna y aplicársela por su cuenta.

Pero eso no va a ocurrir así. El director del Invima subrayó que esta vacuna no es de venta libre. “Estas vacunas deben ser utilizadas en un ámbito estrictamente clínico. No pueden ser vendidas en cualquier esquina de cualquier municipio de cualquier departamento del país. Esto requiere una logística, primero, por ejemplo, puntualmente, en la cadena de frío”, dijo el funcionario en Caracol Radio.

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“Una vacuna de estas manipulada de manera irresponsable, que no observe las condiciones de almacenamiento, de transporte, de toda esa logística que requiere el plan de vacunación, es engañar a la sociedad, engañar a los ciudadanos y poner en riesgo la salud pública de los colombianos”, advirtió Aldana.

Más allá de eso, el funcionario también expuso un cúmulo de argumentos para sustentar por qué la vacuna no puede ser manipulada por particulares.

“Dentro de todos los esfuerzos que ha hecho el Gobierno, primero por la adquisición de la vacuna a través de los mecanismos bilaterales con Pfizer y con AstraZeneca, también a través del protocolo Covax, que es el mecanismo multilateral, se hizo un esfuerzo muy grande para expedir un decreto que pusiera al Invima a tono con lo que está sucediendo con las agencias homólogas, especialmente con las agencias de referencia a nivel mundial como la FDA (de Estados Unidos) y la AMA (de Europa)”, explicó Aldana en la emisora.

Con base en esos procedimientos se llegó a la figura de la autorización sanitaria de uso de emergencia de la vacuna, añadió el director del Invima.

“Todo esto se logra haciendo uso de ese decreto que permite un diálogo temprano con todas las compañías que están interesadas en el desarrollo de las vacunas. Es una comunicación muy amplia y transparente, en donde las agencias regulatorias conocen con mucha antelación toda la etapa científica que les permite tener tranquilidad en materia de salud pública, puntualmente con todo lo que tiene que ver con la eficacia y seguridad de estos productos”, señaló.

Precisó que la autorización para la vacuna de Pfizer es temporal y condicionada, y no es un registro sanitario. “Esta no es una medida que solo se toma en Colombia”, dijo al respecto. “Casi todas las autorizaciones sanitarias por uso de emergencia tienen esa característica: son condicionadas y temporales, porque se dan para el uso de una sustancia, en este caso, de un medicamento biológico (la vacuna) que debe ser objeto de un proceso de fármaco-vigilancia que está bajo la rectoría de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

“Ese proceso lo ejercen todas las agencias sanitarias en el mundo (incluido el Invima) que van a estar vigilando el comportamiento de la vacuna”, dijo Aldana en el mismo medio, y puso en perspectiva la magnitud de la responsabilidad en el proceso: “La vacuna pasa de ser utilizada en miles de personas (en el marco de los ensayos clínicos) a ser utilizada en millones de personas (en el marco de los planes masivos de vacunación)”.

Recordó que en el momento en que se genere “la mínima alerta en cualquier parte del mundo referente al comportamiento del uso de la vacuna, inmediatamente todas las agencias que están interconectadas, armonizadas en ese proceso de fármaco-vigilancia, tendrán que tomar una decisión sanitaria referente a esa alerta”.

Finalmente, hizo dos precisiones sobre la vacuna: primero, que “mucho más adelante, particulares o privados podrán importar vacunas que estén debidamente autorizadas”, y segundo, que la llegada de la vacuna “no desplaza la necesidad de que se siga con las medidas de autocuidado y de distanciamiento social”.