Deslizamiento en Tocaimita (Usme) revive las alertas en la capital. Fenómeno de La Niña en el centro del país aumenta las amenazas por desastres.

Bogotá es epicentro de una imagen que se vive casi todos los inviernos en algún rincón del país: la de familias vulnerables, que suelen vivir en barrios ubicados en las periferias y que terminan damnificadas por cuenta de la naturaleza. Esta vez el invierno le pasó factura a la invasión del sector Tocaimita, en la localidad de Usme (al sur de Bogotá), en donde 66 personas -30 adultos y 36 niños- perdieron lo poco que tenían tras un deslizamiento que destruyó 17 casas, casi todas hechas con latas, madera y cartón.

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La “urbanización” ilegal estaba sobre un terreno inestable, catalogado como zona de riesgo. Allí vivían familias vulnerables, entre las cuales había miembros de ocho comunidades indígenas y una comunidad afro que, buscando un techo, desatendieron las advertencias, ya que las palabras no protegen de la lluvia ni brindan cobijo.

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Sin tener cómo evacuar el agua, la ladera se sobrecargó y en la noche del pasado martes, 21 de junio, se desprendió una parte del terreno, que destruyó lo que encontró a su paso. Por fortuna, esta vez se entendieron a tiempo las señales de la montaña y alcanzaron a evacuar, evitando víctimas fatales.

Dicha zona ya estaba bajo monitoreo, según lo explicó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), que debido a la temporada invernal desde hace unos meses le estaban haciendo vigilancia. “Es de recordar que este sector está en alto riesgo no mitigable y que tradicionalmente ha sido ocupado por personas con desarrollo de viviendas informales, lo que pone en riesgo sus vidas”, agregaron.

Ante la situación, en la zona se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar los riesgos persistentes. Asimismo, equipos de la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía local de Usme, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Policía Nacional, Secretaría de Hábitat, Secretaría de Integración Social e Idiger llegaron a prestar atención a los afectados.

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“Necesitamos carpas y reubicar a la gente, porque en este momento no tenemos dónde dormir. Pedimos a las autoridades ayuda con colchonetas y cobijas, pues nuestras pertenencias se quedaron en las casas”, señaló María Elena Herrera, lideresa comunitaria del sector.

El invierno sigue

Las lluvias han golpeado de manera fuerte el centro del país. Según datos del Idiger, desde el 15 de marzo y hasta el 16 de junio se han presentado en la capital 1.763 eventos asociados a la temporada de lluvias, como inundaciones, encharcamientos, crecientes súbitas, caída de árboles, entre otras, siendo las localidades de Suba (240), Usaquén (220), Chapinero (170), Engativá (138), San Cristóbal (91), Ciudad Bolívar (83), Teusaquillo (75), Fontibón (73) y Kennedy (66) las más afectadas.

Cabe señalar que, de acuerdo con el informe de Predicción Climática a Corto, Mediano y Largo Plazo publicado el 21 de junio por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la ciudad seguirá bajo las lluvias un buen rato.

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El informe indica que existe 52 % de probabilidades de que el fenómeno de La Niña siga de manera moderada hasta septiembre, mes en el que podría empatar con la segunda temporada invernal, “con una probabilidad entre el 61 y 87 %, de que desde septiembre hasta principios de diciembre se registren lluvias con intensidades débiles y moderadas”.

Zonas en riesgo en Bogotá

Con este panorama es clave preguntarse si a escalas local y departamental las instituciones están preparadas para las afectaciones invernales que puedan ocurrir en los próximos meses. Recordemos que en lo que va de 2022, en Cundinamarca se han presentado más de 300 emergencias en 85 de los 116 municipios, lo que representa que el 73 % del territorio se haya visto afectado por las lluvias.

Si bien desde el Idiger comentan que a la fecha el sector de Tocaimita es la única zona con alerta de movimiento de tierra, al observar el Sistema de Alertas de Bogotá se aprecia que existen áreas con probabilidad media de deslizamientos. Aspecto que corrobora Ederley Torres Agudelo, coordinador de emergencias de la Defensa Civil en la capital.

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“A la fecha, siete localidades están en alto riesgo por fenómenos de remoción en masa o avalanchas que puedan presentarse no solo por la lluvia, sino por una sobrecarga de agua en la región. Por ejemplo, dentro de los cerros orientales las sobrecargas de agua hacen que estos terrenos se vuelvan blandos y se puedan generar deslizamientos”, afirma el experto en atención de emergencias, quien afirma que ya tienen la lupa sobre algunas zonas.

Según él, se tiene especial cuidado en tres localidades: San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar, especialmente en el sector de Santa Bibiana y Sierra Morena. No obstante, en el listado también se encuentran los cerros de Suba, con sus inmediaciones con los barrios Tuna Alta y Casa Blanca, en donde se han presentado avalanchas en años anteriores, y debido a ello se realizan monitoreos constantes.

En Usaquén, por ejemplo, se les hace seguimiento a los barrios El Codito, Santa Cecilia Alta y Serrezuela. En Chapinero recomiendan tener cuidado en el sector del barrio Pardo Rubio y en la zona de Chapinero Alto. Hablando ahora de la localidad de Santa Fe, se presta atención a los habitantes de los barrios El Paraíso, Atanasio Girardot y El Rocío, debido a la alta proporción de personas que viven en zonas de alto riesgo.

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En La Candelaria la lupa está sobre el barrio Egipto y en la localidad Rafael Uribe Uribe, al estar sobre un cerro, se le hace monitoreo de manera permanente.

Para finalizar, cabe señalar que de acuerdo con el Plan de Acción por Temporada de Lluvias, publicado por el Idiger, se aprecia que en 2022 solo nueve de las 20 localidades destinaron recursos para la mitigación del riesgo de los Fondos de Desarrollo Local y los Planes Operativos Anuales de Inversión, aunque 15 sí lo hicieron en el manejo de emergencias y desastres. Uniendo ambos rublos, la localidad de Usaquén fue la que más invirtió, destinando en total $1.558 millones; le sigue Bosa, con $1.248 millones; Ciudad Bolívar, con $1.165 millones, y Kennedy, con $895 millones.

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