El proceso disciplinario también indaga por la “posible vulneración al principio de planeación” durante la compra de 10 ambulancias para el departamento, indicó el Ministerio Público.

Todo esto por un contrato firmado el primero de abril de 2020, que tiene por objeto la adquisición de los vehículos medicalizados por el alto valor de 3.460.634.610 pesos en su adquisición.

Por eso, el órgano de control solicitó la suspensión de la ejecución del contrato al considerarlo inconveniente y ante las “posibles irregularidades que podrían vulnerar el ordenamiento jurídico y el patrimonio público”.


Eso sumado a los cuestionamientos porque durante la pandemia no se estén invirtiendo y ejecutando los recursos del Estado de manera correcta o que estén “generando sobrecostos en las actuaciones contractuales desplegadas como consecuencia de una indebida planeación por la entidad territorial”.

En el proceso disciplinario, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para determinar si pudieron presentarse faltas disciplinarias, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias y el posible perjuicio causado a la administración pública.

La decisión también cobija al secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, y a las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González.

LO ÚLTIMO