En horas de la mañana de este 19 de marzo, se llevó a cabo la captura de seis miembros de la institución, por orden del Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial. Fue la Policía Judicial de la Fiscalía General Penal Militar y Policial la que ejecutó la aprehensión.
Todo sucedió como consecuencia del caso ocurrido el 18 de marzo de 2022, hace precisamente un año, en Pereira, Risaralda, donde miembros de la entidad en esa región organizaron todo un operativo para desmantelar un supuesto sitio de expendio de drogas, con el objetivo de presentarle resultados positivos en la lucha contra el crimen y el microtráfico al entonces ministro de Defensa, Diego Molano.
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De hecho, en ese momento, Molano resaltó el operativo y calificó de “guarida de atracadores” el lugar. Esto fue lo que dijo:
“Este lugar se había convertido en una guarida de atracadores, en un sitio de consumo de estupefacientes, yo estoy seguro que en la noche nadie quería pasar por acá, al adulto mayor le da miedo, los papás que tenían que cruzar acá al barrio de La Libertad les daba temor”.
Aunque hasta ahora están siendo acusados los uniformados, desde el año pasado se supo la verdad del caso, pues los dueños del predio desmintieron el operativo y, según recordó Noticias Caracol, revelaron que los mismos policías los engañaron para meter habitantes de calle y hacerlos pasar por consumidores.
Además, la casa sí estaba en espera de demolición pero no por ser un lugar destinado al crimen, sino por fallas en la estructura.
“Esta contaba con orden de derribamiento emanada de una Inspección de Policía por amenaza de ruina y no por actividades investigativas relacionadas con microtráfico, como se mostró ante los medios de comunicación”, destacó la Fiscalía Penal Militar y Policial.
Qué delitos se les imputará a los policías capturados
Los capturados fueron el coronel Carlos Andrés García Suárez, que en la actualidad era subcomandante de la Policía en Cucúta; los mayores César Alfonso Bohórquez Salcedo y Wilmer Delgado Herrera; el capitán Héctor Julián Botero Sánchez; el teniente Jarrixon Perante Sánchez y el subintendente Rutber Vega Ramírez.
De acuerdo con información del noticiero citado, la justicia penal militar definió que los delitos son: falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, abuso de autoridad, prevaricato por omisión y destrucción y/o ocultamiento de evidencia.
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