Este martes se presentará en el Congreso un proyecto para que la llamada ley de orden púbico (418 de 1997), sea modificada y facilite el desarrollo de la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de conseguir la “Paz total”.
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El documento, que se espera sea radicado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, fue conocido por El Espectador. Acá los detalles de la propuesta.
Vea el documento completo aquí.
Como lo advirtió a inicio de esta semana el mismo Prada, el Gobierno busca, además de la prórroga de esta ley, una modificación casi completa, para avanzar de una forma más efectiva con los diálogos y procesos de paz que se adelante con distintos actores armados. El proyecto de ley reza lo siguiente:
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“Esta iniciativa de carácter legislativo tiene como objeto definir la política de paz de Estado. Para ello, adiciona, modifica y prorroga disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997 ‘Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones’, crea el Servicio Social para la Paz, y el Fondo para la Paz, entre otras disposiciones”.
También así, el documento contempla lo dicho por el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Senado, quien asegura que la política de paz sería política de Estado. Una de las adiciones que tendría esta ley, de acuerdo con el documento conocido por este diario, sería un artículo que obliga a que el Estado “asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social”.
El documento resalta que “la política de paz será prioritaria en los asuntos de Estado, transversal a estos, e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia”.
Con esto así, quedarían comprometidas “las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”.
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