Este jueves, la Procuraduría General anunció que abrió una indagación previa por la contratación de siete personas, cuyo fin era hablar bien de la administración de Jorge Iván Ospina.

El proceso, según advirtió el Ministerio Público, será contra varios funcionarios a cargo del pago de más de 150 millones de pesos a Marco Lasso, ‘Negro está claro’, Cris Pasquel, ‘Negro’ Jurado, Deiby Ruiz, Andrés Lerma y ‘Moli’ Álvarez.

La información se conoció por una denuncia en Twitter:

El acuerdo con estos ‘influenciadores’ era mejorar la imagen de la Alcaldía de Cali publicando “videos que con sus mensajes impactaran positivamente y pudieran ser usados en cualquier campaña”, reseñó el órgano de control.

Por ese motivo, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si existe una falta disciplinaria.

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Alcaldía de Cali contrató ‘influencers

El documento en el que la Procuraduría explica su decisión, difundido por Blu Radio, demuestra que la investigación parte, justamente, de la denuncia que el abogado Daniel Briceño hizo en Twitter el pasado sábado.

Según dijo el abogado, la suma que ha gastado la administración de Ospina sobrepasa los 150 millones de pesos y afirmó que dichas “campañas contratadas por Jorge Iván Ospina ya no existen en las redes sociales de los influenciadores, pues los contratos piden que el material de mantenga hasta máximo 8 días en el perfil”.

Entre las condiciones, dijo, “tampoco permite que se usen logos oficiales, lo que lo hace poco transparente”.

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En un extenso hilo, Briceño detalla el dinero que recibió cada uno de los influenciadores por las acciones en redes sociales, mostrando algunos documentos:

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Respuesta de la Alcaldía de Cali

La oficina de prensa de la entidad emitió un comunicado, citado por Noticias Uno, en el que asegura que la contratación “está soportada en la normativa y el marco legal”.

Según el texto, el objetivo que tenía la administración de la ciudad era “entregarle a la ciudadanía información oportuna en todo lo concerniente a campañas en materia de salud, movilidad, cultura, seguridad y demás, tal como lo indica la comunicación pública”.

Y en cuanto al valor de los contratos, el comunicado dice que fueron por prestación de servicios y que no solo reflejan “la sumatoria de esta vigencia, sino de otras vigencias anteriores que unidos dan dicho monto”.