El funcionario emitió un comunicado este martes en el que asegura que estos vínculos laborales no le suponían algún tipo de inhabilidad o impedimento para llegar a la entidad porque las funciones que desempeñó para la firma Adminegocios & Cía. S.C.A. no eran de carácter legal y tampoco tienen relación con las labores disciplinarias, de control o intervención judicial que lidera en la Procuraduría, informó Blu Radio.
Según el texto firmado por Carrillo, no existe un conflicto de intereses porque las funciones no “tuvieron que ver directa o indirectamente con las empresas vinculadas con la Concesión Ruta del Sol 2, y menos con los actos de corrupción hoy cuestionados”.
El tema genera polémica porque este contrato se dio en el año 2016, antes de ser designado como Procurador General en noviembre de ese mismo año, pero al presentar su hoja de vida como candidato ante el Consejo de Estado no mencionó ese contrato y se generan dudas sobre si la omisión de esa información le supondría alguna inhabilidad.
Esto porque el Grupo Aval y la organización de Sarmiento Angulo tienen concesiones y contratos con el Estado, por lo que es susceptible de ser investigado y sancionado por la Procuraduría porque maneja recursos públicos, señaló la emisora.
Héctor Riveros, panelista de Blu Radio, indicó que si se trataba de un contrato laboral y no de prestación de servicios, debió haberlo puesto en su currículo “porque él dice que un abogado no pone la lista de sus clientes en la hoja de vida, y en eso tiene razón, pero si se trataba de un contrato laboral, eso sí se pone, es obligación ponerlo”.
Los analistas de la emisora cuestionan, y califican como curioso, que el procurador no haya informado antes sobre sus vínculos con estas empresas que hoy están en el foco de la polémica por las revelaciones hechas por Jorge Enrique Pizano que relacionan también al fiscal Néstor Humberto Martínez.
Caso en el que precisamente Carrillo ha sido duro crítico por los hechos de corrupción y ha pedido vehementemente un fiscal ‘ad hoc’ para investigar el caso.
Riveros señaló que Carrillo debió hacer pública esa información para que alguien evaluara si eso le generaba algún impedimento para relacionarse con la investigación de corrupción de Odebrecht.
Al ser consultado por el medio, Carrillo argumentó que su asesoría externa era un trabajo de cooperación internacional para una fundación Sin Ánimo de Lucro relacionada con la clínica que Sarmiento Ángulo está próximo a inaugurar en el norte de Bogotá, y que nunca tuvo una oficina allí.
Además, dijo que no lo sustentó ante el alto tribunal porque fue a través de su firma de abogados, lo que la emisora refutó porque el contrato no lo firmó como persona jurídica sino como persona natural a su nombre.
Sin embargo, en el comunicado difundido por el medio, Carrillo señala que tampoco se presenta conflicto de intereses porque “no ha habido una actuación tendiente a favorecer de manera directa o indirecta los intereses de un tercero por razones personales, económicas o políticas”, se lee en otro aparte del texto difundido por LA FM.
Tampoco existe conflicto de intereses porque, según el procurador, el propósito general de su ejercicio en la función pública, “no se vio ni se ha visto afectado por interés particular alguno que pudiera tener relación con el mencionado vínculo contractual”.
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