La medida aplica transitoriamente y es evaluada por el Ministerio de Justicia el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que adelantan un censo para determinar las personas que saldrán, indicó Noticias Caracol.
Tiene el objetivo de descongestionar las cárceles y evitar un problema de salud mucho más grave, debido al desproporcionado contagio que se puede presentar en los penales del país por el alto índice de hacinamiento.
Estas son las personas que entrarán en ese decreto, explicó la ministra Margarita Cabello en el informativo:
“Personas de 60 años en adelante, madres gestantes y con hijos menores, quienes padezcan unas enfermedades graves o catastróficas como VIH o cáncer, personas con movilidad reducida por encontrarse en situación en discapacidad específica, quienes hayan cumplido —depronto— las tres quintas partes y quienes tengan permisos de 72 horas”.
La jefe de la cartera de Justicia detalló que no se contemplarán a los reos condenados por delitos de lesa humanidad, delitos sexuales o delitos contra el Estado.
Todo ello daría como resultado que 10.000 privados de la libertad salgan de las cárceles por el periodo que dure la emergencia, pero puede demorarse porque falta que los jueces de ejecución de penas adelanten los trámites para los traslados, detalló el medio.
Mientras tanto, los familiares de los presos siguen aglomerándose a las afueras de las penitenciarias para buscar información sobre sus allegados y aseguran que están preocupados por los protocolos sanitarios y preguntan a las autoridades carcelarias si “hay que esperar que se infecte alguien para que ahí si hagan algo”.
LO ÚLTIMO
.svg)
