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El país tiene altas expectativas de lo que exdirector de la Ungrd, Olmedo López, vaya a declarar tanto en la Fiscalía —donde adelanta un principio de oportunidad— como en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, este 29 de mayo, desde horas de la mañana, se presentó un impasse para que López asistiera a la sede del alto tribunal.
A través de un mensaje de prensa, la Corte contradijo a la defensa de López, en cabeza de José Luis Moreno, quien dijo que nunca recibieron la notificación formal.
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“El señor Olmedo López cuenta con un esquema de seguridad proporcionado por la Fiscalía General. El 24 de mayo la Secretaría de la Sala de Instrucción notificó al Director de Protección y Asistencia del ente acusador de la citación para que dispusiera las coordinaciones para el traslado de López como testigo ante el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón. Esto en el marco de la investigación abierta por solicitud del congresista Wadith Manzur”.
“A la Secretaría de la Sala le fue notificado que el testigo fue informado debidamente de la citación del día de hoy. El magistrado Alarcón definirá que sigue en este proceso”, agregó.
Por su parte, López señaló en una carta que: “no asistiré a la citación para rendir testimonio, diligencia programada para el día de hoy, 29 de mayo de 2024, toda vez que tuve conocimiento de la diligencia por medios de comunicación, no he sido notificado de forma formal y tampoco a mis defensores de confianza”.
La defensa de López insiste en que él y su cliente no fueron citados y volvieron a solicitar a la Corte que el exdirector pueda declarar en tanto su testimonio compromete a funcionarios que son aforados, es decir, que los investiga el alto tribunal.
“Cabe resaltar que Olmedo López inició la colaboración con la Fiscalía General de la Nación en el Marco de un Principio de Oportunidad (sic), en ese sentido tendrá un interrogatorio la próxima semana para aportar las pruebas y narrar los hechos de los que fue parte y conoce”.
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En este caso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene abierto un proceso de indagación previa en contra de los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, por presuntamente haber recibido 4.000 millones de pesos como soborno para apoyar las reformas del Gobierno en el legislativo.
En la tarde de este miércoles, el magistrado de la Sala de Instrucción, Héctor Javier Alarcón definirá si realiza una nueva citación.
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