Una mujer suplantó a otra para lograr un crédito hipotecario por $ 70 millones. La garantía del préstamo era una casa de La Florida, en Villamaría, Caldas, mientras que el acreedor, es un particular.
En este caso la justicia condenó a Sandra Milena Moreno Ruiz, quien estuvo ausente del proceso penal, por lo que fue juzgada y condenada en ausencia. Solo se reportó para pedir la domiciliaria y se la concedieron en primera instancia, aunque luego se la revocaron.
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Los hechos que configuran este delito se dieron en mayo de 2014. Moreno Ruiz haciéndose pasar por otra mujer, con documentos falsos, firmó ante la Notaria de Villamaría el crédito hipotecario con la otra víctima, el prestamista.
La obligación se inscribió ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Moreno Ruiz recibió el dinero y desapareció sin que se volviera a saber de ella. La verdadera dueña, al parecer, se dio cuenta de la irregularidad cuando el acreedor intentó hacer efectiva la obligación.
Las actuaciones se dieron mientras la propietaria real se encontraba fuera del país, no había comparecido a ningún trámite notarial y mucho menos para usar su propiedad como respaldo de una deuda.
Puso el caso en conocimiento de las autoridades, lo que dio inicio a las pesquisas con las que se verificó que, en efecto, la huella que figuraba en la escritura pública no correspondía a la dueña.
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Identificada por la huella
Probado el proceder fraudulento, el siguiente paso consistió en cotejar la huella que quedó impresa en la Notaría de Villamaría, que reveló que correspondía a la de Sandra Milena.
Adicionalmente, el prestamista y su esposa, así como la funcionaria de la Notaría que ayudó en el trámite del negocio, reconocieron en álbum de fotografías que la mujer identificada por las autoridades, según la huella dactilar, fue la misma que se constituyó como deudora hipotecaria de forma fraudulenta.
La investigación se inició en 2015. Se emitió orden de captura para la procesada, la cual fue prorrogada, pero en los lugares registrados como domicilio jamás la encontraron.
El 21 de febrero de 2018, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Manizales, se llevó a cabo la audiencia de declaratoria de persona ausente y se formuló la imputación por fraude procesal, falsedad material en documento público, uso de documento público falso y estafa.
El proceso se llevó hasta el juicio oral, que finalizó con sentido de fallo condenatorio y la respectiva sentencia se leyó el 11 de diciembre del 2020. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales le impuso 86 meses de prisión, con el beneficio de la domiciliaria.
Tribunal revocó la domiciliaria y la envió a la cárcel
El Tribunal Superior de Manizales mantuvo la pena impuesta a la condenada y al valorar el beneficio de la domiciliaria, encontró que al estar por años ausente de su domicilio, donde intentaron capturarla sin éxito, no se podía reconocer que tuviera arraigo, por lo que revocó esa parte de la sentencia y ordenó la reclusión en un centro carcelario.
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