“Él, que había sido mi profesor durante el pregrado, me hizo un ofrecimiento laboral para empezar a trabajar en un proyecto de la Vicerrectoría de la Universidad Nacional. Tenía acceso a los equipos y el día que los recogí empezó a insinuarse sexualmente conmigo”, cuenta Ana María Rodríguez, egresada de Cine y Televisión de esta institución.
Un año después, ella accedió a tener una relación con el docente, pero luego de un tiempo, él le dejó de hablar. “Lo busqué por Twitter y me di cuenta de que me había grabado sin mi consentimiento en audio mientras sosteníamos relaciones y lo había vuelto un pódcast. Le estaba haciendo difusión en esta red”, anota.
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Ana María notó que no había sido la única estudiante con la que el docente había usado esa forma de acercamiento ofreciéndole un empleo. Por eso, dos semanas después, acudió a la ruta de atención de violencia de género de la universidad. Además, realizó una denuncia ante la Fiscalía.
“Fue violencia económica y, en más de una oportunidad, tuve que acceder a tener relaciones, aun cuando me negaba. Como no fui en el momento a Medicina Legal, solo le formulé una denuncia por lesiones personales”, asegura.
Como el de Ana María, entre enero de 2018 y febrero de 2022 se registran 876 casos de presunto abuso sexual en entornos escolares en el país, de los cuales 65 han sido sancionados, 127 archivados y 684 están en investigación, según el Ministerio de Educación. Esas cifras demuestran que los casos de acoso y de abuso en las instituciones educativas son una realidad latente, pero, según denunció Ana María, la respuesta que recibió de la universidad fue insuficiente y revictimizante.
“En la Nacional radiqué una queja en contra de él. Mi caso no se movió sino cuando apareció en Noticias 1”, comenta. Añade que el abogado llegó a citar a su psicólogo para que compareciera delante de ellos, a pesar de que ella ya les había compartido su historia clínica.
Estos casos evidencian que las universidades siguen fallando en la atención y en la prevención de abuso y de acoso. Para buscar atacar parte de este problema, el Ministerio de Educación publicó la semana pasada la resolución 014466, con la cual busca que todas “las Instituciones de Educación Superior entreguen a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional en un plazo máximo de seis meses los protocolos para la prevención y atención a las violencias basadas en género, en el marco de las acciones de la Política de Educación Superior Inclusiva e Intercultural”.
Las universidades deberán incluir en sus protocolos un plan de trabajo con los indicadores, metas y objetivos necesarios “para medir cuantitativa y cualitativamente su nivel de avance e implementación”. También los procedimientos, criterios y rutas de actuación en materia de prevención, detección y atención a las violencias basadas en género. Es decir, todas las instituciones tendrán que presentar una hoja de ruta con las medidas de prevención, detección y acción de las violencias de género. Además de acciones, procedimientos y medidas sancionatorias, restaurativas, de no repetición, implementación, ejecución y seguimiento.
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Cindy Caro-Cárdenas, Maestra en Estudios de Género y funcionaria de la Universidad del Rosario, comenta que la resolución publicada por el ministerio es muy básica y solo habla de los mínimos que deben tener en cuenta las universidades para tratar estos temas, sin embargo, puntualiza en que los lineamientos, que es un documento complementario, es muy detallado al explicar las bases que deberían tener en cuenta en los protocolos. Aunque ve con buenos ojos que por fin se publiquen estas hojas de ruta, es enfática al advertir que se tardaron demasiado.
“La problemática de violencia basada en género y discriminación en las universidades está desde 2014”, dice. El caso emblemático, continua, “fue contra la Universidad de Ibagué que llega hasta la Corte Constitucional y en la sentencia T 239 de 2018 que emite ordena al ministerio incidir para que las universidades tengan protocolos”. Pero esos protocolos solo se publicaron hasta este año. Además, el proceso de selección de los lineamientos no fue participativo, “pues no se consultó a las personas que venimos trabajando el tema de género y sí se consultó la resolución de la Universidad de Ibagué. Abrieron un documento en Google para que pusiéramos nuestros comentarios”, anota.
Una de las personas que ha investigado estos temas al interior de la Universidad Nacional, pero prefiere no dar su nombre para evitar tensiones, señala que aunque la resolución del Mineducación es un avance, debió ahondar más. El documento fue publicado casi cuatro años después del fallo de la Corte Constitucional tras la tutela 239 de 2018 contra la Universidad de Ibagué. A lo que se refiere es que cada universidad ahora cuenta con unos mínimos para hacer sus propios protocolos, cuando deberían ser más estrictos. Para ella, un buen ejemplo es el de la U. Nacional.
Algunos protocolos que ya están en marcha
El protocolo de género de la Universidad Nacional está establecido desde 2017 y, asegura Laura Almandos, secretaría técnica del Observatorio de Asuntos de Género y doctora en filosofía de esta universidad, es una ruta para que la gente de la comunidad sepa qué tiene que hacer en caso de sentirse víctima de violencia basada en género o conozca algún caso. La primera ruta de atención es bienestar. “Allí intentamos fortalecer la parte formativa, educativa y de prevención. Está orientado en ayudar a las víctimas a indicarles las rutas, por ejemplo, si necesitan denunciar en las instancias judiciales o tratar de brindarles un apoyo psicológico”.
Aunque es uno de los primeros protocolos de género que se implementó en el país, varias estudiantes que han presentado sus denuncias aseguran que cae en la revictimización. “Es una resolución de la Rectoría que, lamentablemente, tiene una jerarquía menor dentro de la normatividad interna. Es decir, las veedurías se orientan por otras normas disciplinarias que tienen mayor peso”, señala Marta, la investigadora que consultó este diario, quien prefiere no publicar su nombre.
Para ella, esto hace que “las denunciantes no sean tratadas con un enfoque centrado en sus derechos. Se enfrentan a procesos disciplinarios que no tienen enfoque de género o que producen violencia institucional. La Nacional tiene tres tutelas en contra que han perdido por revictimización, ineficiencia y violar los derechos de las víctimas”. Almandos explica que como este documento ya cumplió tres años, se realizó un proceso de evaluación, en el que se examinó qué tan eficientes habían sido esas rutas de atención y qué había que cambiar.
“Nos señalaron, por ejemplo, que no contemplaba cosas como propiciarle a la víctima un espacio alterno para su desarrollo académico y sin encuentros con el agresor”, anota. Por eso, algunas estudiantes desertan, como le pasó a Ana María. “Me tocó aplazar mi maestría, porque ir al campus me generaba ataques de pánico por encontrarme con él”, añade.
Pero, en la otra cara de la moneda, hay rutas que sí avanzan por buen camino. Uno de esos casos es el de la Universidad del Rosario. Caro-Cárdenas explica que el protocolo planteó de manera particular los asuntos disciplinarios, ya que varias políticas en otras universidades se quedaban cortas a la hora de la sanción y, en muchos casos, tenían la misma estructura de otras sanciones, como el plagio. “Todas las instituciones tienen procesos sancionatorios, pero no tienen un enfoque de género. No es lo mismo plagiar que acosar”, advierte. Por eso, anota Caro-Cárdenas, el plus del Rosario es “crear un proceso disciplinar aparte para los temas de violencia y discriminaciones. La institución se ha metido en un tema polémico que es cómo impartir justicia con enfoque de género”.
De acuerdo con la normativa del Ministerio, las instituciones educativas tendrán hasta el 25 de enero de 2023 para presentar los protocolos ante la cartera y, para que estos textos no sean un cuello de botella, las instituciones deberán explicar de manera clara lo que significan las actuaciones y episodios de violencia de género, identificando los comportamientos, las actitudes, los lenguajes corporales y orales para detectar e identificar este tipo de violencias.
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